Albrecht y el Infierno
No conozco al ex legislador de Fuerza Popular, Víctor Albrecht, pero sí conozco que el juez ha dictado 36 meses de prisión preventiva para investigarlo por supuestos delitos cometidos como gerente del Servicio de Limpieza de la Municipalidad del Callao.
Todos saben, empero, que Albrecht está enfermo, que ha perdido mucho peso y requiere atención médica especializada, como ha demandado desesperadamente su familia.
Pero no contará con esos servicios, porque un fiero magistrado, para que otro fiero fiscal continúe investigándolo, ha decidido enviarlo tres años al infierno sobrepoblado e insalubre que es un cárcel del país. Ese plazo, además, puede extenderse mucho más tiempo, antes de iniciarse el proceso judicial. Si es así, si Albrecht está enfermo y no representa peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia; ¿por qué no le dieron arresto domiciliario, con grilletes electrónicos de seguridad?
El abuso de las prisiones preventivas ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, expresando que “su aplicación arbitraria es un problema crónico en la Región” y constituye “un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta los derechos de las personas y la presunción de inocencia”. Similar opinión han manifestado los más prestigiados juristas peruanos y también los vocales supremos reunidos en un pleno casatorio.
Pero este drama no solo alcanza a Albrecht, sino a 37 mil internos no sentenciados, de un total de 96 mil reos, que sobreviven en cárceles que más asemejan a depósitos humanos.
No exagero. En el Callao, la capacidad de albergue es 572 personas, pero atiende a 3,396 ( 476% más ); Castro Castro tiene espacio para 1,142, pero en sus muros habitan 4,432 ( 288% más ) y el emblemático Lurigancho cuenta con 3,204 plazas, pero ahí sobreviven 9,846 ( 207% más).
Seguir utilizando la detención preventiva para que los fiscales sigan investigando, no solo constituye un abuso inaceptable en una administración de justicia moderna y democrática, sino una exposición al peligro para miles de seres humanos. Me refiero a personas con enfermedad terminal, ancianos con demencia senil, minusválidos o aquellos que pueden esperar el inicio de un proceso judicial con arresto domiciliario, sin riesgo de fuga o quienes se encuentran en los penales por delitos menores, entre ellas 2,800 personas por no pagar alimentos.
No aludo, desde luego, a terroristas, jefes de bandas criminales, sicarios, violadores o asesinos.
Bien haría el gobierno en estos tiempos de pandemia, que también deben ser tiempos de reflexión y concertación, en rediseñar las leyes sobre detención preventiva, nombrar una comisión para conceder indultos o reducción de penas, construir de urgencia nuevos penales, asesorados por especialistas de Naciones Unidas y de países más avanzados como Estados Unidos, Canadá y Alemania.
Un cambio de esa naturaleza esperan todos los peruanos, porque es un tema humano y delicado que debe estar al margen de odios, venganzas y perversas retaliaciones políticas, que constituyen una pandemia moral incompatible con los principios y valores de una sociedad democrática y con proyección humanista.
