Alerta con intervencionismo gubernamental en las estadísticas

Cuando los gobiernos deciden incursionar en las estadísticas disminuyendo la calidad de la información, ingresamos a la etapa del ocultamiento de la verdad de las cifras que sirven no solo para orientar las políticas de Estado, sino también para evaluar el desempeño de la gestión gubernamental. Cualquier intento de actuación en este sentido debe ser denunciado y exigida su eliminación. Es el caso del Decreto Supremo (DS) 014-2024-MIDIS, publicado el 31 de diciembre pasado.
El DS interviene en la evaluación de lo que se llama Pobreza Multidimensional, que actualmente tiene 8 dimensiones y 29 indicadores para medirla, y que permite medir el acceso de los ciudadanos a diversos servicios. Por ejemplo, en energía, que es una de las dimensiones, se establecen 2 indicadores para su evaluación de la pobreza, que son: acceso adecuado al servicio de electricidad (indicador 21) y uso de combustibles como carbón y leña para la cocción de alimentos (indicador 22).
Con la emisión de la norma se busca que, en lugar de 29 indicadores, se utilice solo uno, con lo cual desaparece el análisis sectorial riguroso. En el caso citado de la energía, se señala que el 50.5% de la población no tiene acceso adecuado a la electricidad y que el 45.7% cocina con carbón y leña. La unificación de solo esos dos indicadores en uno ya sería un desastre; ni imaginarse cómo será reducirse de 29 a 1, mezclando energía, salud, educación, etc.
Decir que el 45.7% de la población cocina con carbón y leña, con el agravante de que en la zona rural se llega al 93.7%, en el 2023, muestra una realidad alarmante y haría que se replantee la política respecto al uso del FISE (Fondo de Inclusión Social Energética), destinando mayores recursos a favor del GLP en lugar de la propagandizada masificación del gas natural.
Lo que busca el gobierno es quedarse con cifras muy generales que ocultan realidades como las señaladas. Es muy diferente decir que la pobreza monetaria es 29.0% y la extrema 5.7%, que mencionar que el 45.7% cocina con carbón o leña, lo cual muestra una realidad tercermundista.
La norma ha sido emitida por una dependencia sumamente cuestionada como el Ministerio de Inclusión Social (MIDIS). Corresponde a los gremios y la sociedad civil exigir la derogatoria del DS publicado.

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