Algo se pudre en el Ministerio de Educación
Vuelve el presidente de la República a soltar una advertencia, propiamente una amenaza, dirigida al Congreso de la República. Sostiene el primer mandatario que se está politizando la educación y que ella es usada como pretexto para atacar al Gobierno, por lo que espeta “no lo vamos a permitir”. Hace pocos días, y con talante aún más irrespetuoso, el presidente del Consejo de Ministros se permitió decir que si el Congreso censuraba a la ministra de Educación, el Gobierno “tendría una respuesta”.
Pensando bien, los dos más altos funcionarios del Gobierno carecen de una elemental formación política y sobre todo jurídica. Comenzando por lo más sencillo, no solo evidencian desconocimiento respecto a que el Congreso puede y debe fiscalizar al Poder Ejecutivo y por tanto a los ministros, como responsables de la dirección y gestión de los servicios públicos confiados a cada sector, uno de los cuales y quizás el de mayor importancia junto al de Salud es precisamente Educación.
En ese poder-deber de fiscalizar, el Congreso puede interpelar (llamar para preguntar) o censurar (hacer efectiva la responsabilidad política) a cada uno y todos los ministros. Ello está expresamente previsto en los artículos 119°, 131° y 132° de la Constitución. Por tanto, cualquier respuesta descomedida al ejercicio de una facultad constitucional congresal es un claro agravio al orden constitucional.
Peor aún, ambos altos burócratas desconocen que la Educación está politizada, en buen sentido, porque hace parte de una de las tareas más importantes del Estado, también conforme a la Constitución (Art. 58°). Es así que la Educación es una de las áreas en que el Estado debe “actuar principalmente”, para promoverla. Por ello también está referida a Educación una de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, ese que preside de vez en cuando M. Vizcarra, sin llegar a conocer de qué trata.
Que la Educación sea área esencial en la acción del Estado (ente político) no significa degradarla a intereses de grupo (no diré de partidos porque el oficialismo no lo tiene) ni intentar pervertirla con contenidos agraviantes para la formación y respeto a la dignidad de los educandos, menos aún desconocer que participar en el proceso educativo es un derecho constitucional de los padres de familia (Art. 13°).
Lo cierto y real es que el Ministerio de Educación, desde tiempos del humalismo, es bastión de un grupo de poder que lucra y cumple una agenda de descomposición de la moral e identidad de los peruanos del mañana. Esa es la “politización” que ningún peruano debe permitir.
