Algunas propuestas decentes para la formalización

La economía informal en Perú representa más del 70% (INEI, 2023), lo que incluye a todas las actividades que generan el Producto Bruto Interno (PBI) y la fuerza laboral que ella requiere. Esta informalidad priva de beneficios sociales, derechos laborales, medidas de seguridad y salud, protección ambiental y, ni qué decir, fomenta la evasión tributaria. Todo ello limita nuestro crecimiento económico sostenible y genera brechas entre todos, acrecentando la desigualdad y la exclusión social.
Nuestro país ha tenido enfoques y propuestas tradicionales para combatir la informalidad. Nos basamos en punir, estableciendo multas y sanciones a quienes incumplen las reglas de la legalidad. Esto es eficaz cuando se es formal, por lo que esta estrategia no ha funcionado como se esperaba o, dicho de otra forma, no ha logrado resultados significativos.
Además, ser formal conlleva costos altos (tiempo, dinero y otros recursos). Para muchos es preferible, ya que sería más beneficioso permanecer en la informalidad (De Soto, 2000). Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer?, ¿cómo podemos propiciar una economía formal?, ¿qué beneficios tienen los que cumplen las reglas (léase, formales) y qué perjuicios los que no?
El Análisis Económico del Derecho (AED) nos puede ayudar, en el sentido de que sostiene que las normas legales deben evaluarse según su capacidad para inducir comportamientos eficientes y generar beneficios netos para la sociedad (Posner, 2014). Aplicando el AED al problema de la informalidad peruana, podemos analizar los incentivos y costos asociados con la formalización y diseñar normas o reglas que podrían reducir las barreras de entrada al sector formal. Es decir, generar las condiciones propicias para que ser formal sea la elección racional.
Presentamos algunas propuestas sujetas a evaluación más detallada:
(i) Gradualidad por resultados, generando formalización por etapas, áreas geográficas y evaluación constante del proceso. Con ello se evita un cambio drástico y se genera adaptación progresiva y confianza en el sistema formal;
(ii) Impuestos simplificados y sectorizados, que ya se cuentan para muchos sectores y ayudaron a formalizar, pero debemos seguir aplicándolos porque sí funcionaron;
(iii) Gobiernos digitales, donde todo procedimiento debería realizarse en una plataforma centralizada, amigable y con acompañamiento continuo;
(iv) Sanciones positivas, con un trato fraternal y no subsidiario, priorizando el desarrollo empresarial de los antiguos y nuevos emprendedores;
(v) Educación, con una estrategia de comunicación sobre la gestión empresarial formal, beneficios y perjuicios, adaptada a las diferentes realidades de nuestra costa, sierra y selva; y/o
(vi) Legalización controlada, formalizando a todos los que se comprometan a cumplir las reglas de ahora en adelante, siendo las autoridades las veladoras de su cumplimiento y aplicando sanciones en caso de incumplimiento.
Como vemos, el AED nos permite contar con un diagnóstico real de algún problema (ineficiencia) y diseñar soluciones innovadoras. Las propuestas que planteamos pueden generar controversia, y su eventual aplicación es potencialmente transformadora de nuestra situación actual.
Recordando El misterio del capital (De Soto, 2000), el capital muerto puede resucitar, pero solo cuando los excluidos tienen un acceso equitativo al sistema legal y económico. Ello permite contar con los incentivos para maximizar el bienestar social y dirigir nuestros esfuerzos al bien común.

César Alfredo Montes de Oca Dibán
Abogado, docente universitario, consultor legal

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