Alianza asimétrica tácita para almorzarse al Perú

Hace unos días, el Congreso de la República aprobó, en la Comisión de Constitución, terminar con la reforma electoral que se había emprendido hace algunos años y que, a pesar de las distintas observaciones que se le podría hacer a lo planteado, implica, por lo menos en la teoría, un mecanismo para fortalecer el proceso democrático en el país.

El hecho de que nunca se haya aplicado, si bien se justificó en el contexto de la pandemia, parece haber respondido más a los intereses de los partidos políticos con representación electa que a impedimentos reales.

A pesar de que las tensiones políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo han menguado desde lo que fue la permanente confrontación durante el gobierno de Castillo, la actual situación, donde existe un pacto parlamentario que viene desde el gobierno de Castillo (expresado en votaciones de dos tercios) y que ahora se percibe con mucha más claridad frente a un Ejecutivo sin bancada parlamentaria, que se ve obligado a ceder en prácticamente todo (lo económico, desde el MEF), ponen en riesgo la representatividad democrática en el Perú y orillan al país a una crisis institucional aún más profunda, al configurarse una alianza asimétrica tácita o velada entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Actualmente, existe la sensación, de que el Congreso de la República legisla a la medida de los intereses particulares de sus miembros, y que el Ejecutivo tiene que ceder a fin de no perder el respaldo político que lo mantiene en el gobierno y que no le genera oposición real. A pesar de que esto podría entenderse desde el accionar político como “un gobierno de ancha base” que muchos han reclamado desde hace décadas, en cuanto hay acuerdos entre el Ejecutivo y la mayoría de partidos políticos representados democráticamente, en tanto estos acuerdos no son claros ni públicos, degeneran en una circunstancia perversa.

La Bicameralidad con nombre propio (45 años mínimo para ser senador, salvo ya se haya sido congresista), los bonos recurrentes que se pagan con nuestros impuestos, los viajes gratis, los ejércitos de empleados y asesores; la población está al tanto… El Congreso de la República en 2023 tuvo un presupuesto final de más de 928 millones de soles, en 2022 su presupuesto final fue de 881 millones de soles, incrementos significativos frente a los 649 millones de soles de 2021.

Desde que nos constituimos como república, el Perú siempre ha visto un enfrentamiento entre los poderes del Estado; siempre uno intentando ponerse por encima del otro, lo cual ha generado crisis políticas profundas de las que hemos salido casi por inercia.

La crisis generada a partir de la caída de PPK (confrontación Ejecutivo-Legislativo), y que ha tenido como resultado el tener a 6 presidentes en 5 años, parece haber degenerado en esta alianza asimétrica tácita entre el Ejecutivo y el Legislativo, que, como se puede percibir a partir de los presupuestos y las varias votaciones en las que se logró mayoría calificada (dos tercios) en el pleno del Congreso, tiene sus inicios en la alianza parlamentaria gestada durante el gobierno de Castillo.

Lamentablemente, parece que las fuerzas políticas no terminan de comprender su rol en democracia y, con su accionar, son capaces de dañar los pocos cimientos democráticos que tenemos y que se ven reflejados en el casi 80% de peruanos que se encuentran insatisfechos con la democracia que vivimos y en que solo 50% considera que la democracia es la mejor forma de gobierno; algo terrible y triste, si tan solo nos detenemos a revisar nuestra historia.

Vale mencionar que, además, están debatiendo el sacar del juego político a los movimientos regionales, dejando solo a los partidos nacionales y a las alianzas como actores políticos legítimos, lo que claramente beneficia a los partidos políticos con actual representación e inscripción y es un golpe directo a la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la representación local.

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