Alianzas informales o coaliciones subterráneas
En el calendario electoral peruano, el 2 de agosto marcaba la fecha límite para la inscripción de alianzas electorales formales en ruta a los comicios de 2026. Al cierre, han surgido cinco alianzas que comprometen a 12 partidos. Es decir, que de las 44 organizaciones inscritas, la mayoría competirán solas. Este es, pues, el esquema formalizado y legal ante el ente electoral y que va dando forma a la competencia electoral.
Sin embargo, la política real rara vez se juega únicamente en el tablero visible ante las autoridades y el electorado. En la sombra, fuera de la vista pública y de los documentos oficiales, operan fuerzas y acuerdos que resultan igual de decisivos: las alianzas informales.
La diferencia entre las alianzas registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones y las que nunca serán admitidas abiertamente es fundamental para comprender el poder en el Perú. Las primeras son pactos transparentes, sujetas a reglas y a la fiscalización de la ciudadanía. Las segundas son arreglos "pragmáticos", a menudo coyunturales o hasta oportunistas, sellados fuera de los micrófonos y las cámaras, en restaurantes, oficinas privadas… o incluso a través de intermediarios. Se configuran, sobre todo, cuando la incertidumbre electoral crece, los sondeos marcan tendencias y los actores buscan recuperar, mantener o ampliar cuotas de poder.
Estas alianzas informales no son una rareza, sino el lubricante habitual del sistema político peruano. Han permitido que partidos o movimientos, incluso rivales declarados, acuerden cooperar bajo la mesa; que sectores expulsados de las instituciones negocien su retorno influenciando gabinetes, nombramientos o agendas desde la sombra; o que áreas de decisión sean entregadas a cambio de neutralizar oposiciones o facilitar "gobernabilidad".
Este modo de operar ha marcado la política nacional por décadas: hay fuerzas que, tras perder la elección o incluso sin haber participado directamente en ella, logran infiltrar equipos o gabinetes de gobierno vencedores, influir en el diseño de políticas, y hasta condicionar decisiones clave. A veces, los electores creen haber alterado el statu quo, pero los bloques realmente determinantes solo han mudado de estrategia, táctica y aliados.
La existencia de alianzas informales plantea serios retos para la democracia y la transparencia. Limita la rendición de cuentas, acentúa la opacidad y deja al ciudadano ante una política que ocurre en otros planos —más crípticos, menos escrutables— que el de los debates y las cédulas que se colocan en las urnas.
En definitiva, la política peruana no se define solo en las actas de inscripción de alianzas ni en los pronunciamientos oficiales. No pocos polos de poder se trazan —y se reparten— lejos del escrutinio público, en una dinámica donde lo informal y lo inconfesable se contraponen a la rigidez de las formas. Mirar más allá de la superficie electoral es una manera de entender quiénes realmente compiten y quiénes, aunque no lo parezcan, terminan a veces ganando.
Ha vencido entonces el plazo de inscripción de alianzas formales ante el JNE. El electorado deberá estar atento ahora a las alianzas informales —y hasta las inconfesables— que también se dan tras bastidores, ocultas. Por ejemplo, ¿a qué partido apoyará el caviarismo en 2026 para mantener y recuperar espacios de poder político, fiscal, judicial y policial? ¿Qué grupos en la izquierda, el "centro" y la derecha serán los "conversados" para impulsar los intereses económicos de los mercantilismos corruptores e impunes? ¿Qué partidos serán infiltrados o coordinados por los extremistas políticos violentos, o por las economías delictivas como la minería ilegal, el narcotráfico, etc.?
La política peruana también se mueve en múltiples capas o en tableros que el público no ve. En coaliciones subterráneas que condicionan, muchas veces, el juego de poder real.
