Alto a la barbarie

El doctor Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, fue agredido por una turba a su salida de la Fiscalía de la Nación. Fue maltratado de palabra y de obra por exaltados manifestantes que, en una condenable actitud, lanzaron objetos y desperdicios, seguidos de improperios, al profesional que había acudido al Ministerio Público a mostrar los relojes Rolex solicitados por la fiscalía.

Vimos por la televisión cómo persiguieron al abogado por algunas cuadras del centro de Lima en momentos que se aprestaba a responder las preguntas de los periodistas, para acosarlo con insultos, jaloneos, golpes en la espalda que, por suerte, no tuvieron mayores consecuencias. La víctima tuvo que verse obligado a refugiarse en un establecimiento público. Los periodistas, incluyendo camarógrafos y fotógrafos, que lo seguían para arrancarle algunas declaraciones fueron también víctimas de la agresión de esos impresentables que reprochaban al abogado haber asumido la defensa del gobernador ayacuchano, como si ello fuera un delito.
El doctor Abanto sólo ejercía su función de abogado, en la medida que había sido convocado para asumir la defensa de la autoridad ayacuchana. Y quizás valga la pena recordar que la labor de todo abogado es representar a su cliente en los tribunales, brindándole la correspondiente asesoría legal. Eso es lo que cumplía el abogado al acudir a la fiscalía en representación de su cliente.
Nadie puede ignorar que el deber fundamental del abogado es cooperar con la administración de justicia asesorando y defendiendo los intereses de quien haya confiado en sus servicios profesionales. Y todo ello dentro de los parámetros de la ley y el derecho, teniendo como finalidad la justicia. Esto está respaldado por nuestra Constitución Política y una diversidad de normas. No existe ninguna razón para ser acosado y menos maltratado sólo por estar ejerciendo una labor profesional. Vivimos en una democracia, donde impera el imperio de la ley y el derecho. Y la libertad de la persona tiene que estar garantizada.
Llama la atención, por ello, el silencio que guarda el Colegio de Abogados de Lima que no salió en defensa del colega y agremiado de la Orden. Esa es una mala señal. Como tampoco protestaron otros abogados conocidos del medio, porque, seguramente, no les toca. Quizás venga al caso recordar algunos versos de Bertolt Brecht: “Primero se llevaron a los judíos, / pero como yo no era judío, no me importó (…) Mas tarde se llevaron a los intelectuales, / pero como yo no era intelectual, tampoco me importó (…) Ahora vienen por mí, / pero es demasiado tarde”.
También no dejó de sorprender la ausencia de la policía en los exteriores del Ministerio Público. El desenlace pudo ser grave y lo podría ser después si no se actúa con firmeza sancionando a los agitadores que actuaron con total impunidad. Es necesario acotar, que igualmente deploro y condeno los agravios y persecución que reciben otros personajes como es el caso de la colega Rosa María Palacios, con quien discrepo de algunas de sus opiniones, pero seré el primero en protestar que por sus ideas sea vilipendiada.
La misma Organización de las Naciones Unidas reconoce la existencia de garantías para el ejercicio de la profesión: “Los gobiernos garantizarán que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”. Y por si no nos damos por enterados, también precisa: “Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada”.
Invocamos a los funcionarios responsables a que cumplan con estas recomendaciones y eviten a que estos bochornosos hechos se puedan repetir o replicar, con grave riesgo para el ejercicio libre y protegido de una labor profesional como la del abogado.

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