Alzando la voz por nuestras niñas awajún

Si la violación sexual es un hecho aberrante de por sí, cuando la víctima es una niña la violación no solo es un delito execrable, sino una urgente demanda al Estado para cumplir su deber de inmediata protección a la víctima y sanción ejemplar a su victimario. Y cuando las niñas víctimas pertenecen a una población vulnerable como nuestro pueblo awajún, la actuación del Estado no debe hacerse esperar, pues nuestros pueblos indígenas y nativos ya saben demasiado del abandono e indiferencia estatal.

Desde 14 años se han reportado mas de 524 denuncias de violación sexual contra profesores en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, y solo 112 han sido destituidos. Es decir, 14 años de agresiones sexuales invisibles al Estado, 14 años de impunidad, 14 años de gestión educativa tolerante con la violencia sexual, indiferente e indolente, 14 años de abandono y desprotección a las víctimas. No podemos seguir ignorando a nuestros pueblos originarios y a su clamor de justicia.

Primero, es importante desterrar la creencia que, permitir la violación sexual es parte de una práctica cultural. La violación es un delito y violar a una niña tiene agravantes penales que deben aplicarse. Debe trabajarse con la comunidad para rechazar cualquier intento de arreglo extrajudicial. El ministerio público debe agilizar las investigaciones para poner al agresor tras las rejas. Además, se debe educar en el respeto y conocimiento de nuestra Constitución y las leyes que protegen a nuestros menores de edad. El gasto público en educación debe orientarse a implementar mecanismos claros de prevención y de denuncia de la violencia sexual. Debe además, involucrar la participación de toda la comunidad educativa, explorar formas de articulación para sensibilizar a la población sobre sus deberes para con nuestros niños y niñas.

Pero también se presentan desafíos para el Estado peruano como la trata de personas cuyas principales víctimas son nuestras niñas de las comunidades captadas en las fronteras, procedentes de familias con muchas carencias y nulas oportunidades. Es importante, fortalecer la articulación de acciones entre las comisarias, el ministerio público, la autoridad municipal y la comunidad. El trabajo del MIMP y del MINEDU resultan indispensables para desterrar toda posibilidad de arreglo económico entre la familia y el agresor sexual, e interceder en representación de los intereses de los menores de edad ante el Poder Judicial para que se procese y sancione al culpable.

Este es un deber irrenunciable del Estado peruano contraído a partir de tratados y convenciones de derechos humanos. Es imperioso introducir cambios estructurales en la justicia comunitaria erradicando la idea de arreglos, de compensaciones económicas que solo generan impunidad, formar a las autoridades en el respeto irrestricto de los derechos de nuestros niños y niñas. Deben impartir justicia, haciendo prevalecer el interés superior del niño en el procesamiento de los casos. Es momento de actuar, porque la inacción es sinónimo de complicidad.

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