AMLO, el rescatista de delincuentes
El Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, irrumpió, a través de su Policía, la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien ha sido condenado a prisión por corrupción.
Incluso, además de las coimas que recibió de la corrupta constructora Odebrecht, le robó a los ecuatorianos con obras destinadas a la reconstrucción del país tras el terremoto del 2016.
Si bien la sede diplomática mexicana es parte del territorio azteca, ¿acaso es válido que un papapa zurdo como AMLO proteja al exnúmero del Ejecutivo de Ecuador con vetustas tradiciones diplomáticas? Noboa se halla en una lucha sin cuartel en contra del crimen organizado, que, como bien recordará el lector, acabó con la vida del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en los últimos comicios.
Los ecuatorianos están hartos de la impunidad, por lo que surge un dilema: ¿fue correcto quebrar la Convención de Viena e irrumpir la Embajada mexicana para capturar a un delincuente, cuyo asilo ya había sido otorgado por el bufón que gobierna el país de los tacos, para hacer respetar la soberanía de Ecuador?
Desde esta pequeña columna, considero que la justificación es totalmente entendible, tomando en cuenta que Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un rescatista de pillos rojos: le dio asilo al zurdo Evo Morales, luego de que cometiera un fraude electoral, y lo mismo iba a hacer con el corrupto Pedro Castillo, inmediatamente después de que este asestara un golpe de Estado.
Afortunadamente, los peruanos de bien se movilizaron y bloquearon el ingreso a la Embajada mexicana en Lima; mientras que la Policía Nacional detenía al presunto profesor. Al frustrarse los planes de AMLO, no es de extrañar que hoy haya impuesto el absurdo requisito de visa a los peruanos, a pesar de que los ciudadanos de la nación inca no son los que más encuentros han tenido con la migra estadounidense en la frontera, a diferencia, por ejemplo, de los colombianos.
Los asilos se otorgan, en teoría, a los perseguidos políticos por sus ideas y no a los políticos perseguidos por la justicia, sentencia de por medio, por cometer delitos. El respeto a la vieja diplomacia no puede servir de excusa para que comunistoides permitan fugar legalmente a sus pares ideológicos. Los malhechores deben pagar por sus crímenes en el lugar en que los cometieron.
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