Amnistía e indultos en 30 años en el Perú

En el sistema jurídico peruano, amnistía e indulto son figuras de clemencia con propósitos distintos. La amnistía extingue la responsabilidad al borrar el delito, elimina la posibilidad de condenas y antecedentes penales. El indulto es decisión presidencial que perdona total o parcialmente una condena, pero no elimina el delito ni los antecedentes. Este se otorga principalmente por razones humanitarias. La amnistía solo es otorgada por el Congreso de la República.
Hay antecedentes en el Perú de amnistías e indultos. El Estado peruano, controlado por los “primos ideológicos” de los terroristas, hizo uso arbitrario de indultos, como el caso del senderista Gerardo Saravia, quien supuestamente sufría de gastritis y por ello fue indultado. En los gobiernos de Paniagua y Toledo se hizo uso y abuso de beneficios, y hasta hoy no se ha investigado.
La Ley de Arrepentimiento de 1992 fue también una ley de amnistía, pues promovió el olvido de los delitos cometidos por las bandas terroristas y les permitió reintegrarse a la sociedad sin juicios ni sentencias. Fueron centenares quienes se acogieron a esta norma benévola del Estado peruano y nunca más se supo de ellos. Ningún defensor de derechos humanos protestó por esta decisión, pues los beneficiarios fueron sus parientes ideológicos.
La reconciliación en el Perú tras la “guerra contra el terrorismo” es ensueño, por más que la Comisión de la Verdad llevase el nombre pomposo de reconciliación. Una de las causas fue su composición dominada por marxistas, pero hay otras, como la persecución masiva a los miembros de la fuerza pública y de los Comités de Autodefensa a partir de lo escrito en los textos de la CVR sin un fiscal presente; además, la izquierda extremista infiltró el sistema judicial del Estado y muchos fiscales y jueces fueron adoctrinados por ONG precisamente en la tarea de enjuiciar y perseguir a los agentes del Estado. ¿Reconciliación así?
Muy bien que el proyecto de Fernando Rospigliosi y otros congresistas haya sido aprobado y hecho ley. El Perú debe mantenerse firme; basta de abusos y responsabilidades mediatas de quienes no tienen la más remota idea de lo que era comandar tropas a cientos de kilómetros sin la comunicación que hoy existe ni reconocen la hecatombe evitada, como el millón de muertos de las que hablaba su cabecilla. Los juicios eternos o sesgados son el peor ataque a los DD. HH.
Las FFAA, PNP están hechas de peruanos de carne y hueso que lucharon por la patria, dando por ella miles de muertos, mutilados y heridos. Marcharon a la guerra provocada por la izquierda extremista, para defender a la sociedad. La orden fue del Estado y fue el mismo Estado cooptado quien ha perseguido eternamente a quienes vencieron y devolvieron la paz a la sociedad.
Basta que los derrotados escriban la historia a su antojo retorcido, y nadie puede dar órdenes al Perú desde el exterior para que actuemos como los abogados de ONG les sugieren. Somos soberanos, seámoslo siempre; y si insisten, dejemos de inmediato la parcializada CIDH. ¡Honor y gloria a quienes dieron su vida por la paz y la democracia! Valoremos esa democracia.

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