Aniversario histórico
La semana pasada el tema omnipresente en la prensa –y con razón– fue la conmemoración del Décimo Aniversario del Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) que, finalmente y de modo favorable para el país, estableció la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile. Sin exagerar, el resultado exitoso de este litigio se debió a la acertada continuidad de una política de Estado a través de tres gobiernos sucesivos –cosa que hoy parecería imposible de creer viendo lo que vivimos por estos lares–. Con este motivo, medios como EXPRESO y otros destacaron los hitos y personalidades más importantes para el logro de este suceso nacional y el Régimen de turno procedió a reconocer y condecorar a quienes representando y defendiendo los altos intereses de la Nación ante la CIJ (agentes, juristas, expertos, consultores) y desde su función diplomática en Torre Tagle hicieron posible que la soberanía y jurisdicción sobre las 200 millas marinas del MAR DE GRAU se extendiese casi en su totalidad como era la justa aspiración y derecho del Perú. Bravo por ello, aunque algún que otro nombre también mereció ser nombrado.
En fin, cuando un juicio internacional de esta trascendencia se entabla, el Gobierno destacado en primera fila es el que presenta la demanda y ese lógico lauro corresponde a la Administración del Presidente Alan García y, a continuación, viene el que lo sucedió que, entre sus pocos aciertos gubernamentales, estuvo el de mantener intacto el equipo de brillantes profesionales que defendió y obtuvo la histórica sentencia que recordamos.
Sin embargo, ya que prácticamente nada se ha dicho o escrito los días pasados sobre el valioso aporte previo alcanzado durante el período presidencial de Alejandro Toledo bien valen unos renglones para completar la historia. Sin desconocer lo que la Cancillería ya avanzaba sobre la materia, es en el último año del Gobierno siendo Canciller el Embajador Óscar Maúrtua en que se dan dos pasos fundamentales que anuncian al vecino del sur que el Perú va en serio a reivindicar el dominio marítimo que siempre le correspondió. El primero, fue la Ley No. 28621 de Líneas de Base a partir de las cuales se mide la anchura del Dominio Marítimo del Estado peruano hasta la distancia de las 200 millas marinas, promulgada el 3 de noviembre de 2005 y que provocó la sonora protesta mapuche. El segundo, igualmente indispensable, fue la notificación del Perú el 27 de febrero de 2006 a la Secretaría General de la OEA comunicando el retiro de las reservas que había formulado a diversos artículos del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como “Pacto de Bogotá”, y que habilitó al Estado para recurrir a la competencia y al procedimiento judicial de la CIJ. El tiempo que quedaba no alcanzó para terminar de elaborar el escrito de demanda pero estamos seguros que todo lo dejado fue muy útil para la victoria de la causa del Perú. ¡AMÉN!
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