Año a año, Transparencia Internacional nos advierte sobre el aumento de la corrupción

El pasado 11 de febrero, la ONG Transparencia Internacional (TI) presentó en Berlín, Alemania, el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 (IPC), el cual registra la situación de corrupción pública en 180 países. Este índice, el principal indicador de percepción de corrupción, basa sus evaluaciones en 13 fuentes de información y 12 instituciones de renombre internacional, analizando sobornos, desvío de fondos públicos, impunidad de servidores públicos, capacidad para enfrentar la corrupción, exceso de burocracia, nombramientos nepotistas, exigencias a funcionarios de revelar finanzas y conflictos de intereses, así como la captura del Estado por intereses particulares.
En el ranking de dicho índice, nuestro país se encuentra en el puesto 127 entre 180 países (desde 2012, cuando ocupaba el puesto 101, hemos caído 26 puestos). Además, con 31 puntos en el IPC (donde 0 significa totalmente corrupto y 100, totalmente transparente), la situación es muy preocupante. Por debajo de 50 puntos se evidencian graves problemas de corrupción, más aún porque el índice nos advierte que desde 2020 venimos cayendo 7 puntos (de 38 a 31), con una tendencia negativa. Este puntaje refleja un muy bajo nivel de control de este delito. En contraste, Dinamarca, el país más transparente, alcanza una puntuación de 90.
Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la corrupción en el Perú alcanzó el segundo lugar entre los principales problemas, solo por debajo de la inseguridad ciudadana. Además, entre 2021 y 2023, ha generado pérdidas al país por S/ 72,000 millones. Para la Defensoría del Pueblo, solo en el primer semestre de 2024, se registraron 6 294 casos de corrupción en entidades públicas, con una tendencia en aumento. Los resultados de este índice confirman el sentimiento de nuestra sociedad. Según cifras de Ipsos, el 57 % de los peruanos siente vergüenza por la corrupción en el país, lo que indica que este problema provoca consecuencias en la moral nacional y en la ética sociocultural, principalmente cuando los actos corruptos gozan de total impunidad.
Bajo este panorama, la corrupción es un mal endémico y una enfermedad social que afecta el desarrollo, la estabilidad y la confianza en las instituciones. Acentúa las desigualdades, crea desconfianza e incertidumbre para la inversión, debilita la democracia y afecta gravemente la estabilidad y seguridad de la sociedad. Por tal motivo, es urgente tomar acciones y dictar políticas para evitar el tráfico de influencias, perfeccionar los métodos de adquisiciones públicas, supervisar el gasto público a nivel gubernamental, local y regional, y transparentar las consultorías (se gastan unos S/ 6,000 millones anuales). Asimismo, es fundamental evitar la impunidad, que es el problema fundamental de la corrupción. Se deben dictar penas drásticas y contundentes por lobbies, uso de información privilegiada o sobornos en contratos públicos de servicios, obras o concesiones. Además, es necesario mejorar el sistema de administración de justicia, cumplir las regulaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, y fomentar una cultura de ética pública.

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