APEC en la mira

La preocupación de la población y el reclamo ante el incremento de la delincuencia organizada, la extorsión y el sicariato son justos y legítimos. No hay derecho ni razón para vivir en sobresalto y en zozobra permanente a consecuencia de esta inseguridad ciudadana que afecta a Lima y a casi todas las regiones del país, en mayor o menor grado. El pedido al Gobierno, al Congreso de la República y a los operadores de justicia para que enfrenten con firmeza y rigor este cáncer social, en consecuencia, es válido, atendible y totalmente razonable. En vista de la desatención del problema —y siendo uno de los sectores fuertemente golpeados por la criminalidad— los transportistas de todo tamaño y razón social salieron a las calles para exigir justicia y llamar la atención de las autoridades. Y ya lo hicieron por tercera vez durante el mes de octubre.
Los transportistas, desde su inicial medida de lucha, salieron con una sola exigencia: que las autoridades los escuchen en la necesidad de enfrentar la delincuencia y poner fin a los asesinatos, las extorsiones y al sicariato. “No más muertes” fue la consigna que corearon en su primer paro nacional, gesto que contó con la adhesión de la población y al que se fueron sumando otros gremios organizados como bodegueros, comerciantes, estudiantes universitarios y mototaxistas. Al no ser escuchadas sus demandas, los paros nacionales continuaron y, con ellos, vinieron más pedidos, convirtiendo la plataforma de lucha inicial en una nueva, con mayores demandas arropadas de un riesgoso halo político.
Y aquí es cuando surge el problema. Nuevos líderes se aúpan a la legítima protesta, esta vez con mayores demandas. Ya no se trata solo de pedir apoyo para luchar contra la delincuencia, sino de exigir que se deroguen leyes debatidas y sancionadas en el Parlamento, normas promulgadas por el Ejecutivo; también exigen la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, sin importar la pertinencia o factibilidad de la medida. Y ahora, lo último, se busca paralizar y tomar las calles, precisamente los días en los que se debe estar realizando, en Lima y otras ciudades del país, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). ¿Con qué finalidad? Seguramente se pretende ejercer presión sobre el gobierno, llamando la atención de nuestros visitantes; es una manera de decir al mundo que aquí puede suceder cualquier cosa en un marco de violencia y de paro nacional.
Uno de los líderes principales de los paros anunciados, Walter Carrera Álvarez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas, señaló a la prensa, con meridiana claridad, que la medida de fuerza tiene un trasfondo político. “Este Ejecutivo ha cometido todos los errores posibles, y por eso, un 97 % de la población rechaza a esta presidenta usurpadora. Ella no ostenta el verdadero poder, que está en el Congreso”, dijo el dirigente, quien también es un conocido líder en el partido fundado por el expresidente Martín Vizcarra. Carrera Álvarez puntualizó que “si el gobierno renueva su gabinete ministerial totalmente y el Congreso deroga la Ley 32108, que se considera un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado, además de archivar la Ley de Terrorismo Urbano y restituir la Ley 30077, también vinculada al crimen organizado”, solo así podrían suspender las manifestaciones nacionales mientras se desarrolle la APEC.
Ingresamos a un terreno minado y sumamente peligroso. En circunstancias explosivas como la que vivimos, entran en escena los líderes gremiales de la izquierda radicalizada y los dirigentes políticos que buscan auparse y colocarse en la cresta justificada de las protestas sociales para desvirtuarlas y conducirlas por los caminos de la confrontación y violencia innecesarias. Buscan alterar el orden, llevar la protesta a los niveles más altos de la ira popular para conseguir, a río revuelto, sus objetivos, que no son, precisamente, el fortalecimiento del sistema democrático ni la defensa de su institucionalidad, sino todo lo contrario. Eso es lo peligroso. Esta posibilidad ya la habíamos advertido en un artículo reciente, deseando que las autoridades no caigan en la confrontación violenta, sino que hagan uso de los instrumentos que la ley y la experiencia recomiendan para poner en práctica estrategias basadas, fundamentalmente, en trabajos de inteligencia policial y militar, más todavía si nos encontramos en estado de emergencia.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, si bien reconoció el derecho a la protesta, condenó el nuevo llamado al paro y adelantó que el gobierno no tolerará los brotes de violencia. “El diálogo es el punto de inicio para que una sociedad como la nuestra demuestre madurez y responsabilidad cívica. De aquí mi llamado a todos los gremios, sin importar su origen, formal o informal, a que acudan al llamado permanente del Poder Ejecutivo para sentarnos a dialogar y evitar cualquier tipo de paralizaciones que no conducen a nada, sino a la pérdida de nuestros ingresos”, expresó frente a los medios de prensa. “No vamos a permitir el vandalismo. No vamos a permitir brotes de violencia. El gobierno es respetuoso del derecho de protesta, pero no tolera el vandalismo”, precisó.
Así se presenta el escenario social, a pocos días de APEC, que es un foro económico que representa una buena oportunidad para el país en su búsqueda de fortalecer sus relaciones comerciales con la región Asia-Pacífico. El Perú presidirá este foro por tercera vez desde que ingresó a él en noviembre de 1998. No se trata, pues, de cualquier evento. Se trata de un foro económico que agrupa a 21 economías del Asia-Pacífico, que representan el 38 % de la población mundial, el 48 % del comercio y el 62 % del PBI global, y estarán representadas por los presidentes o jefes de Estado de esos países, liderados por las dos potencias más importantes del mundo: Estados Unidos y la República Popular China.

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