Aplazamiento: ¿nudo gordiano de los movimientos regionales?

La reciente postergación de la segunda votación para la eliminación de los movimientos regionales en el Congreso refleja la profunda tensión entre la aspiración a una descentralización efectiva y la imperiosa necesidad de una gobernabilidad transparente y eficiente. Tal retraso entremezcla narrativas de aspiración democrática local manipulatorias con las trampas de la corrupción y la fragmentación política.

Los movimientos regionales en Perú han demostrado ser espada de doble filo. Aunque se presentaban como pilares de la democracia local y la autogestión, su huelga poco convincente de Fiestas Patrias evidenció su fracaso. Paralelamente, han derivado en vehículos de ineficiencias y corrupción. La reciente dialéctica entre el poder duro y el poder blando, examinada por Salas Arenas del Jurado Nacional de Elecciones, resalta la complejidad de este escenario. Este afirmaba que no se debe vulnerar el derecho de participación política, mientras que Tuesta Soldevilla apuntaba a su cercanía con la ciudadanía. Estas posiciones reflejan el deseo de evitar cambios estructurales en el sistema electoral. El periodista español Joaquín Estefanía describe esta dinámica como “la consigna política de nuestra vida cotidiana”. Estefanía, hace más de 20 años, en una conferencia sobre el Pacto de la Moncloa que se hizo en Perú, destacaba que la regionalización requiere de un marco institucional fuerte y partidos nacionales consolidados para supervisar eficazmente las políticas regionales. Este enfoque es crucial para evitar la fragmentación política y mantener la cohesión nacional.

La descentralización, promovida como herramienta de empoderamiento regional, ha encontrado un obstáculo en los movimientos regionales. Estos movimientos se han convertido inadvertidamente en catalizadores de la fragmentación política, socavando la unidad y la cohesión nacional. Referencias a renombrados analistas, como Francis Fukuyama y Guillermo O’Donnell, han señalado cómo la falta de control central y la debilidad institucional abren brechas para la corrupción localizada, dañando la integridad democrática. Este es el lienzo sobre el cual se gesta el conflicto entre el deseo de autogestión local y la urgencia de una reforma nacional coherente.

La realidad de los movimientos regionales, desprovistos de representatividad significativa y eficacia, expone una democracia más nominal que real. Estos movimientos regionales en Perú se han multiplicado en los últimos años, han demostrado ser ineficaces, frecuentemente corruptos y suelen disolverse tras las elecciones, lo que deja un vacío de responsabilidad y continuidad en la gestión pública. La respuesta no está solo en la existencia de estos movimientos, sino en fortalecer los partidos nacionales mediante reformas estructurales que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia.

Proponer reformas electorales e internas en los partidos nacionales, como elevar la valla electoral del 5% al 10% (ver mi artículo del 1 de junio, ‘Partidos políticos 2026: Más son menos’) y mecanismos de rendición de cuentas robustos, es avanzar hacia una verdadera democracia participativa. La revisión de las leyes de financiamiento de campañas y la implementación de sistemas de auditoría minuciosos son esenciales para erradicar la corrupción y asegurar competencias justas y transparentes.

La integración de los movimientos regionales en partidos nacionales más robustos podría evitar su eliminación total y representar una vía hacia la reforma política que Perú necesita. Esta no solo implica la reorganización administrativa, sino una reconstrucción profunda del tejido político nacional hacia una mayor transparencia, integridad y eficiencia. Los ciudadanos, conscientes de los desafíos actuales, deben promover una transformación política que fortalezca los partidos nacionales, capaces de liderar el país hacia un futuro marcado por una participación política íntegra y una democracia eficaz.

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