Arana por el voto de confianza
Cuando Ana de Gran Bretaña fallece en 1714, estaba vigente la Ley de Establecimiento, que impidió que le sucedieran los católicos de su línea dinástica; por ello, el hijo de Ernesto de Brunswick-Luneburgo, nacido en Hannover, llegó a ser rey de Inglaterra con el nombre de Jorge I, aunque no hablaba inglés y manifestaba más interés en sus posesiones en Bremen que en su corte de Kensington.
Ante las ausencias del rey, hubo que encargar el gobierno a una persona que no fuera miembro de la familia real ni integrante de la nobleza, para evitar que aspire a disputar el trono. Por primera vez en la historia, asumió las tareas de gobierno el líder del partido mayoritario de la Cámara de los Comunes, quien, por interés propio, cuidaría el trono del mandatario; fue así como Robert Walpole se convirtió en el primero en ostentar el título de primer ministro en el Reino Unido. La lógica era impecable: formalmente el rey encargaba formar gobierno a uno de sus súbditos, sabiendo que siempre estaría respaldado por la mayoría de la Cámara, lo que significa el legítimo predominio de la tendencia mayoritaria del electorado, esencia de la democracia representativa.
El voto de confianza es la expresión formal del compromiso de los diputados de la mayoría con el programa legislativo del primer ministro. En las democracias parlamentarias no bipartidistas, como la española o la alemana, ese voto de confianza se construye con una alianza gubernamental, sumando los escaños de partidos afines hasta asegurar la mitad más uno de la Cámara política.
En el presidencialismo de nuestro país, la Constitución de 1979 convirtió el voto de confianza, no en un voto de investidura —porque el presidente del Consejo de Ministros juramenta tan pronto es designado por el presidente de la República—, sí en un mandato de búsqueda de consenso en torno a un programa de gobierno elaborado a partir de las negociaciones con los grupos parlamentarios afines, con la lógica parlamentarista, hasta alcanzar la mitad más uno.
Por ello, cuando Eduardo Arana se presente ante el Congreso unicameral el 12 de junio, deberá haber logrado previamente el compromiso necesario con esa mayoría, sopesando las necesidades y tendencias de cada uno de los grupos, las que no necesariamente pasan por planes de seguridad ciudadana o estabilidad económica, sino también por groseros pedidos de dádivas y canje de proyectos desquiciados.
Está claro que a nadie conviene aparecer como aliado de un gobierno sin aparente respaldo popular, asediado por la prensa y carente de programa propio, pero negar la confianza pondría al Congreso al filo de la disolución y generaría más inestabilidad, lo que beneficiaría al Deep State que acecha nuestra democracia.
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