Asfixiante inseguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana está en alerta roja. El gobierno carece de un plan profesionalmente elaborado para combatirla. La sociedad vive acosada por una tropa de vándalos que asaltan hogares y establecimientos comerciales. No sólo para robar, también para asesinar a las víctimas porque no encuentran el botín que imaginaron. Esta liturgia es cuestión de todos los días. No una, sino varias veces, a todas horas, en todos los distritos de la capital, y en todas las regiones del país. Es, pues, una epidemia de inestabilidad emocional poblacional llevada a la enésima potencia. Pero, repetimos, el gobierno no se ha preocupado por elaborar un programa eficaz, urgente y demoledor contra esta camorra que, a punta de atracos y saqueos, está asfixiando a los peruanos. Es más, en vez de empoderar a la Policía Nacional, ha cicateado su presupuesto mientras por otra parte favorece e la policía política denominada Divac, asignándole todos los recursos que demande. Pero ahí no queda la temeridad del vizcarrismo. Porque en vez de respaldar al Policía para que defienda a la sociedad -haciendo uso de todos los recursos que le asigna el Estado, incluyendo el empleo de sus armas de reglamento- permite que las normas sigan siendo tan laxas que facilitan a los jueces y fiscales encarcelar a los custodios del orden por usar su armamento para enfrentar a los criminales. Y además, para defender su propia visa.

Mientras esta barbaridad ocurre en nuestro país -probablemente uno de los más inseguros del planeta, donde se asientan mafias como las del narcotráfico, tala de árboles, minería ilegal, etc.- en Italia, la Cámara de Diputados de aquel país aprobó la semana que ha acabado -por 374 votos a favor, 104 en contra y 2 abstenciones- un proyecto de ley que amplía el derecho a la defensa. Derecho que ya existía en Italia, incluyendo el uso lícito de armas de fuego no solamente por la Policía, sino por el ciudadano. “La legítima defensa será siempre legítima, y la población podrá actuar de esa manera ante la simple percepción de una amenaza”, dice la norma aprobada, Y establece que “será suficiente con que un delincuente amenace con usar un arma, aunque no la muestre, para que un ciudadano pueda justificar el uso de la legítima defensa.” Según el cable, no podrán ser procesados quienes se hayan defendido en "un estado de grave agitación fruto de una situación peligrosa". De otro lado, se incrementarán las penas de cárcel hasta seis años para quienes ingresen a robar en una propiedad privada, y la excarcelación de estos delincuentes sólo será posible después de que la persona que haya cometido el delito indemnice a la víctima por los daños causados. Como parte de los considerandos, la norma precisa que si bien “la defensa personal está bien, los ciudadanos deben ser defendidos por el Estado y las fuerzas del orden.

Lamentablemente la gestión Vizcarra es incapaz de asumir responsabilidades. Prefiere no hacer olas para figurar “bien” en las encuestas. Bastaría promover una legislación semejante para empezar a combatir la inseguridad ciudadana.