Ataque a la gobernabilidad
Somos testigos de una embestida del Ejecutivo contra la institucionalidad. Presenciamos cuestionamientos al Consejo Fiscal por parte del ministro de Economía, Alex Contreras. Así una figura clave en la preservación de la estabilidad, inicialmente menospreció y luego intentó silenciar las críticas expresadas por Carlo Oliva, exministro del MEF y presidente del Consejo Fiscal.
Oliva, hábil en el ámbito político, continuó expresando con claridad y contundencia su punto de vista. Destacó que el Consejo Fiscal no está destinado a ser un simple actor secundario, sino que su función principal radica en garantizar la estabilidad y alertar sobre posibles riesgos. Oliva criticó la anticipación del pago de utilidades del Banco de la Nación al Tesoro Público, por un monto de S/ 1,000 millones. Esta artimaña contable, un sutil maquillaje, permitía al MEF presentar una gestión más favorable al cierre de 2023. El Consejo Fiscal identificó esta maniobra y la denunció.
Contreras no es rival para Oliva. Tiene un desgaste natural debido a los múltiples paquetes lanzados sin resultados positivos, se ha resistido en reconocer la recesión que hoy enfrentamos y no desemboló rápidamente el dinero para las obras de prevención del fenómeno de El Niño.
Otro golpe certero provino del Ministerio de Vivienda. Esta semana, la titular, Hania Pérez de Cuéllar, prescindiendo de la diplomacia asociada a su apellido, afirmó que “para nosotros el tema está resuelto”. Con notable desdén, expresó que la decisión sobre el Decreto Legislativo 1280, que representa una significativa injerencia política en el cobro de tarifas de agua, amparada en que ha sido aprobado “de forma unánime por el Consejo de Ministros” les permitirá “definir el esquema regulador, es decir hacia dónde debemos ir y qué se tiene que regular”, porque “eso es competencia del sector”. Sin embargo, esta explicación abre la puerta para que todos los ministerios intervengan en la labor de los reguladores, cuestionando así su razón de existir.
Es innegable que el MVCS siempre está envuelto en cuestionamientos políticos y financieros, por ejemplo recientemente, una investigación de INFOBAE reveló irregularidades financieras, incluyendo fondos desaparecidos, vales no programados y planillas inconsistentes en la caja chica del Ministerio.
Entregar la responsabilidad de la regulación a un ministerio fuertemente cuestionado no solo por su falta de transparencia sino también por el hecho de que el agua, un recurso crítico, puede ser utilizado políticamente, presenta un peligro evidente. Imaginando que Pérez de Cuéllar no malutilice este poder. ¿Quién nos garantiza que otro no lo hará? ¿Quién asegura que nadie utilizará este recurso políticamente para obtener votos? Los ministerios no son reguladores; nunca lo fueron y nunca lo serán. La gestión ministerial tiene una connotación política al ser designados por la Presidencia de la República, mientras que los reguladores son seleccionados mediante concursos públicos.
La necesidad de preservar la integridad de instituciones como el Consejo Fiscal y los reguladores es apremiante. Solo a través de un compromiso firme con la transparencia y el respeto, podemos aspirar a una gobernanza sólida y centrada en el beneficio de la sociedad.
