Ataque a las fuerzas del orden

Muy mal el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, en su manifestación a la Fiscalía, al tratar de responsabilizar a las fuerzas del orden (FF.AA. y PNP) por los muertos y heridos de los últimos meses, en las asonadas promovidas por los comunistas con el propósito declarado de destruir la democracia e instaurar una dictadura chavista en el Perú.

En primer lugar, los únicos responsables de la violencia y de sus secuelas son los terroristas, delincuentes y vándalos que atacaron a las fuerzas del orden y asaltaron aeropuertos, incendiaron comisarías y sedes judiciales, destruyeron instalaciones públicas y privadas, y bloquearon carreteras. Los autores materiales e intelectuales, varios de ellos congresistas y exministros, que azuzaron a las turbas, siguen impunes sin que nadie se atreva a hacerles pagar por sus delitos. Ellos son los culpables.

En segundo lugar, Otárola no tiene nada de qué avergonzarse. Él, cuando ocupaba el Ministerio de Defensa, cumplió con su deber y actuó con firmeza, asumiendo de hecho el liderazgo del gobierno, dado que el PCM de aquel entonces no era la persona adecuada para enfrentar la turbulencia. Y Dina Boluarte seguía atrapada en su ideología izquierdista y desorientada ante sucesos que escapaban a su comprensión y capacidad de reacción.

Lo único que puede reprochársele a Otárola es haberse demorado en enfrentar las algaradas con la energía necesaria y no haber desplegado a tiempo a las FF.AA. Pero, en general, hay que felicitarlo por su desempeño, teniendo en cuenta que el entorno gubernamental de aquel momento no permitió una respuesta instantánea.

Si esas asonadas no se frenan inmediatamente, desde el comienzo, crecen. Y lo que eufemísticamente se denomina “costo social” es mucho más alto después.

En tercer lugar, con esas manifestaciones ante la Fiscalía, Otárola reitera la nefasta costumbre instalada desde hace varias décadas: en momentos de crisis, cuando el Estado y la sociedad son asediados por terroristas y delincuentes, los políticos llaman a las fuerzas del orden para que restauren la tranquilidad. Y cuando eso ha ocurrido, necesariamente con un “costo social” porque hay que enfrentar a terroristas y delincuentes violentos, los civiles –políticos, empresarios, periodistas, intelectuales- miran para otro lado, se lavan las manos o, peor aún, se suman al coro comunista, progresista y caviar, pidiendo sanciones para los que los salvaron.

En este caso es muy obvio que si Boluarte y Otárola siguen en el gobierno y no están en su casa o –con más probabilidad- presos, es gracias a las fuerzas del orden.

Por último, que no se hagan ilusiones. Los comunistas y caviares los van a perseguir hasta el último día de su vida, a ellos y a todos los mandos y efectivos militares y policiales que participaron en debelar la asonada. La única manera de evitar que eso ocurra, es que el gobierno que suceda a Boluarte sea uno que sepa hacer lo que hay que hacer.

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