Atentos con el Congreso

El martes de esta semana se materializó, finalmente, lo que se escuchaba sotto voce: la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente, Pedro Castillo, ante el Congreso de la República. El voluminoso expediente contra el mandatario señala que es denunciado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, hecho inédito en la historia del país.
Los casos por los cuales se le denuncia están debidamente documentados con testimonios de colaboradores eficaces o aspirantes a ello, quienes han declarado la manera cómo fueron construyendo esa supuesta red criminal y fueron ingresando a ella, para negociar y favorecerse con el dinero público, siempre en perfecto conocimiento del primer mandatario, según se puede leer en el expediente que contiene abundante información.
La decisión de la fiscal de la Nación rápidamente alcanzó las portadas de los noticieros dentro y fuera del país. “Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, dijo la fiscal de la Nación al explicar las razones de su decisión.
En el mismo acto, precisó también, que las investigaciones que realizan los fiscales son “siempre objetivas conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso”. Como era de esperar, los voceros del gobierno, empezando por el presidente Castillo, su presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, sus ministros Alejandro Salas y Félix Chero apuntaron sus baterías contra la titular del MP intentando deslegitimar su denuncia, con la ayuda de una campaña bien orquestada que, valgan verdades, no se iniciaba recién, sino que venía de mucho antes.
El ambiente político se saturó con acusaciones de uno y otro lado. El presidente y sus ministros levantaron los decibeles para señalar que los fiscales que investigan al mandatario y su círculo amical y familiar más cercano, involucrado en la supuesta red criminal, son un contingente de “vacadores” que sólo buscan sacar al mandatario del cargo que detenta con ineficiencia. O son también considerados “golpistas” que no admiten que un modesto campesino sea presidente, amén de otra retahíla de cosas comunes que nos repiten a diario.
La denuncia presentada ante el Congreso se encuentra en la subcomisión de acusaciones constitucionales. La expectativa de la ciudadanía es grande. Esta es la ocasión que tiene dicho poder del estado para reivindicarse ejerciendo su autonomía. Las opiniones están divididas, aun cuando las encuestas, que periódicamente, le han ido tomando el pulso a la opinión pública, recogen la insatisfacción del pueblo, respecto de un mandatario que no sabe gobernar, que no se encuentra preparado para ello y ha demostrado, en poco más de un año que está en el poder, que es un peligro para la estabilidad y desarrollo del país.
La decisión de la Fiscalía pone al Congreso en la responsabilidad de decidir si opta por un juicio político por una infracción constitucional o si prefiere el antejuicio por la comisión de un delito. Será pues el Congreso quien deberá decidir el mejor camino a seguir. Será también la prueba de fuego para aquellas bancadas y congresistas que, por diversas razones, prefieren optar por el recurso fácil de la abstención al momento de decir su voto. Es el momento de actuar pensando en el Perú.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.