Azuzadores comunistas y extremistas buscan destruir nuestra democracia
El actual caos y violencia que está sucediendo en nuestro país desde el pasado 7 de diciembre, en que el comunista Castillo fue vacado y apresado y que hasta la fecha ha ocasionado la muerte de 41 personas, que todos los peruanos lamentamos, es consecuencia de una planificación violentista de Castillo y sus secuaces realizada durante los 16 meses del nefasto gobierno comunista, pregonando permanentes mensajes agresivos difundidos en todo el país durante mítines y concentraciones y en los 19 Consejos de ministros descentralizados (principalmente en las regiones del sur, Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa y Tacna) donde tergiversaban los hechos y mentían para polarizar al país incitando a la violencia y buscando divisiones sociales y lucha de clases para fomentar movilizaciones, protestas, enfrentamientos, polarización, odio y discordia.
Los secuaces de Castillo lo advirtieron claramente, el impresentable Torres amenazó: “Si llevan a cabo un golpe contra Castillo, no lo van a celebrar, correrá mucha sangre en el país”, también, el alabancero Salas amenazó: “Si vacan al presidente de la República, créanme que la convulsión social será tan grande que el país sería ingobernable”, y el sentenciado Vladimir Cerrón, refiriéndose a la vacancia de Castillo, incitaba: “Preparados para la resistencia popular en los fueros y las calles. ¡En esta lucha no hay boleto de regreso, se triunfa o se muere!”.
Al ser apresado Castillo, y al perder los comunistas la posibilidad de promover una asamblea constituyente para perpetuarse en el poder, están reaccionando vilmente, con apoyo de operadores del Foro de Sao Paulo, cubanos y bolivianos, y de agitadores terroristas en combinación con el narcotráfico y minería ilegal, cometiendo actos violentos. Si bien es cierto que en las regiones del sur existe pobreza y situaciones de vulnerabilidad social (educación, salud, servicios básicos), es comprensible que las poblaciones reclamen al gobierno y realicen marchas de protesta pacíficas, sin embargo, en estas, se han infiltrado grupos comunistas violentistas que destruyen bienes públicos, locales judiciales y policiales, realizan saqueos, producen incendios, bloquean vías, tomas de aeropuertos, todos son actos de terrorismo, llegando al extremo de calcinar vivo a un valeroso efectivo policial (usaron el término terrorista “ajusticiarlo” y tenían armas), y donde la intervención de las fuerzas del orden es obligatoria.
Bajo este panorama, nuestra democracia debe ser fuerte y férreamente defendida dentro del marco de la Constitución y la ley, le corresponde al gobierno de Boluarte ejercer adecuadamente el poder y adoptar las medidas necesarias, con decisión, firmeza y autoridad para hacer frente a este vandalismo extremista gestado por el nefasto gobierno del comunista Castillo y ahora accionado por quienes ellos mismos prepararon e incitaron.
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