Bachillerato automático: un derecho retomado

A pesar de la poca popularidad del Congreso de la República y de que muchos de sus parlamentarios muestran, una y otra vez que responden más a intereses particulares que a verdaderas necesidades de la población, se dan situaciones en donde el sentido común prima y logran legislar en beneficio de todos.

El retorno del bachillerato automático es uno de estos casos positivos, que rápidamente generará un impacto en la sociedad.

Cuando se gestó la Ley Universitaria del 2014, además de crear la Sunedu e iniciar con el sistema de licenciamiento de universidades, que fue positivo por diversas razones, como mejorar la calidad del servicio universitario, su infraestructura, e intentar invertir más en investigación, también se planteó, como parte de una gran "reivindicación académico-intelectual", la idea de complicarle la obtención del bachillerato a los universitarios que egresaban.

Los políticos de entonces argumentaron que el nivel de los profesionales peruanos estaba por debajo de los estándares mundiales y, valiéndose de la falsa premisa de que mientras más difícil es mejor, se anuló el bachillerato automático, perjudicando a miles de estudiantes que esperaban terminar su carrera para poder conseguir trabajo o elevar sus ingresos.

En un país como el nuestro, donde la mediocridad se ha revestido de títulos universitarios, la titulitis se ha vuelto la norma, y para acceder a gran cantidad de puestos de trabajo o a salarios que justifiquen medianamente todo el tiempo, recursos y esfuerzo invertido en los estudios o ganados por experiencia, los profesionales requieren contar, mínimo, con su grado académico de bachiller.

Como todo en el Perú, la ley, cuando está mal hecha, a quien más afecta es a los que menos recursos tienen. Si bien la mayoría de quienes estudian en universidades privadas no sufren dificultades económicas, esto no pasa con gran cantidad de estudiantes de universidades públicas, quienes muchas veces se ven obligados a trabajar arduamente para poder solventar sus gastos básicos y continuar con sus estudios.

Los casos de estudiantes que tienen que elegir entre pagar las copias de sus cursos, su almuerzo o utilizar el dinero para tomar el transporte público para volver a casa no son pocos, y es lógico pensar que estos estudiantes se encontrarán en desventaja frente a quienes tienen la suerte de contar con recursos suficientes para no preocuparse por ganar menos dinero unos meses.

Obligarlos a realizar una investigación, y por lo mismo más trámites, ante universidades públicas que, a pesar de todos los supuestos avances en simplificación administrativa, siguen siendo burocráticas y sumamente lentas, los perjudicaba directamente y creaba una brecha laboral entre los profesionales.

A veces, no importa que las ideas suenen bien, se tiene que sopesar el contexto. En el papel, para quienes se sienten superiores intelectual y moralmente, resulta fácil despreciar a otros por no seguir sus estándares.

La Ley Universitaria del 2014 trajo cosas buenas, sí, porque estableció más procesos para que las universidades brinden un mejor servicio, pero también reforzó criterios distorsionados y segregacionistas sobre lo que implican la intelectualidad y la cultura en el Perú, y eso, necesariamente, tiene que ser revisado.

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