Bajo el poder omnímodo de Odebrecht
Lo sucedido en el curso de los últimos días ha terminado por demostrar que Odebrecht sigue controlando el poder en el Perú.
Contratos van y contratos vienen, coimas por aquí y más coimas por allá, latrocinios públicos salvajemente vulgares en el caso del club de la construcción, hasta que saltó la liebre en torno al gasoducto del sur.
Ahora sabemos que el proceso de selección, adjudicación y ejecución del famoso gasoducto estuvo plagado de actos de corrupción. Sin embargo, ni los funcionarios públicos, desde presidentes, ministros y demás de rango menor involucrados, que sabían de esos enjuagues; ni Odebrecht y sus adláteres, mencionaron nada sobre tamaña ladronera. Tampoco fue incluido en el acuerdo de colaboración eficaz.
Odebrecht incumplió cláusulas contractuales y el Ejecutivo en vez de remitir lo actuado a la Fiscalía para que se judicialice el conflicto por la corrupción ya conocida y se adopten medidas de intervención e incautación sin peligro alguno para el país, optaron por la resolución del contrato a sabiendas que existía una cláusula que obligaba al Estado a convocar a una nueva licitación para la continuación de la obra y reconocía el derecho de Odebrecht a interponer una demanda de arbitraje para recuperar su inversión ya hecha.
El Estado no convocó a licitación alguna y Odebrecht interpuso la demanda en ciernes. La jugada parece el corolario de una brillante concertación entre las partes: tú me demandas, yo convoco a concurso, adjudico la ejecución de la obra y el adjudicatario te paga tu inversión porque todo el proceso está garantizado por el Estado peruano hasta con fondos pensionarios.
El Presidente se apresuró a declarar que el Ejecutivo estaba programando la convocatoria a licitación sin decirle al pueblo los efectos de este acto de gobierno; Odebrecht impuso una negociación previa a través de un imberbe procurador que coordinó con la ministra de Justicia, quien a su vez tiene que haber comunicado el hecho al presidente del Consejo de Ministros y éste al Presidente, para plasmarse la reunión entre los más altos funcionarios de Odebrecht y el exministro de Energía que había resultado el consultor de dicha firma, justamente sobre el tema gasoducto.
El presidente del Consejo de Ministros salió a declarar que no negocia con la corrupción, el Presidente dice que no es jefe de Estado sino de gobierno y que no sabía nada, aunque agregando algo insólito: que el acuerdo de colaboración eficaz, muy vinculado por acción y omisión con el caso gasoducto, era responsabilidad exclusiva del Ministerio Público y del Poder Judicial, olvidando que es el Ejecutivo quien negocia los montos de las reparaciones civiles, léase indemnizaciones.
Quemaban las papas, se fueron cuatro ministros y el pueblo exigía y exige una respuesta coherente. Sacaron como elemento distractivo la protección policial de congresistas. Parece que hasta Cantinflas lo hubiera hecho mejor.
