Bajo sospecha

Las escandalosas reuniones clandestinas –por no decir furtivas- del que ejerce la presidencia de la República en la casa de Breña, han motivado el inicio de una investigación preliminar a cargo de una Fiscalía Provincial y, suponemos, algún resultado más podrá esperarse de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Sin embargo, hasta este punto no había señales de que las pesquisas de marras por presuntos actos de corrupción pudiesen siquiera rozar o alcanzar al ocupante de Palacio dado el estatuto privilegiado de que goza. En efecto, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución el jefe de Estado únicamente puede ser acusado durante su periodo por determinados delitos graves y los indicios criminales de lo acaecido con nocturnidad en la vivienda breñera por más repugnantes que resulten no tipifican para ello.

Empero, nada impide ni deberá impedir que la Fiscalía de la Nación, de oficio o a pedido de parte legitimada, pueda abrir investigación como ya ha ocurrido en el pasado y de existir causa probable de responsabilidad penal reserve el caso para cuando el Primer Mandatario haya cesado en el cargo.

Esto viene a cuento, toda vez que el procurador general del Estado acaba de formular denuncia por estos hechos ante la fiscal de la Nación contra Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias, dando una clara y valiente demostración de que la Procuraduría Pública es autónoma y se halla al servicio del Estado y no de los intereses del gobierno de turno o de su cabeza.

Queda ver, ahora, si la máxima autoridad del Ministerio Público está a la misma altura y actúa autónomamente incoando la investigación que demanda el país. Cosas veredes Sancho y se vienen más. ¡AMÉN!

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