Bala contra bala
La intención no es incitar a mayor violencia en un país donde el derecho elemental a la seguridad ciudadana cada día está más amenazado ni tampoco intentar una equivalencia entre la legítima defensa en materia penal con la absoluta legalidad y necesidad del pleno respeto a los pesos y contrapesos entre los dos Poderes políticos del Estado (léase, Ejecutivo y Legislativo) a fin de preservar el Régimen Constitucional en peligro. Nos referimos, pues, a la figurada bala de plata y después de oro –aunque también se disparan de diferente modo- que habilitarían al gobierno de turno ante dos rechazos de la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros que motivan el derribo de sendos gabinetes a ejercer la potestad de disolver el Congreso y renovarlo por la vía electoral.
Hace unos años, una malhadada “denegación fáctica” del que hasta el TC de entonces se hizo de la vista gorda –y, admitimos, que también caímos en este maligno juego- hizo indispensable que se enmendase y regulase la utilización de esta institución de control político para evitar un nuevo fogueo que atente contra el Estado Constitucional de Derecho. Se promulgó la ley, luego confirmada por decisión del TC, y que incuestionablemente establece que el Ejecutivo únicamente puede plantear la cuestión de marras cuando se trata de iniciativas vinculadas a política general de gobierno y no por lo que se le venga en gana y que, exclusivamente, es el Parlamento el legitimado para interpretar la improcedencia, rehusamiento o rechazo de la misma.
Pues bien, el ocupante de Palacio con la complicidad ministerial ha hecho tabla rasa de todo esto y pretende ahora que una improcedente cuestión de confianza rechazada de plano por inconstitucional haya disparado la bala de plata y que el nuevo Gabinete juramentado –más impresentable e inaceptable que el anterior- si no resulta investido por el Congreso gatilla la de oro y abriría las puertas para la disolución del Legislativo. Esta aberrante situación ya no la aguanta ni Job.
Dada esta crítica coyuntura está bien que el Pleno haya aprobado presentar una demanda de contienda competencial ante el TC para parar el desaguisado gubernamental. Pero, con este tipo de Ejecutivo, ello no basta. Frente a su ilícita bala, el Parlamento ya puesto entre la espada y la pared debe atreverse de una vez por todas a gatillar legítimamente las suyas porque hace rato que el Estado Constitucional y Democrático del Perú se juega los descuentos. O, tal vez, lo que se va a requerir será otra clase de bala. Preguntamos nomás. ¡AMÉN!
