Barreras burocráticas

Imaginen que tienen cierto capital y deciden invertirlo en una pequeña empresa. Se acercan a la municipalidad de su jurisdicción, presentan su solicitud para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento del local que piensan abrir y, entonces, la municipalidad les solicita su ficha RUC, su recibo de pago por derecho de trámite, pero además les exige el carné sanitario para el personal que laborará en el local (competencia del Ministerio de Salud), una “Licencia Especial” para el funcionamiento del local después de las 22:00 horas, un costo adicional para “Anuncios y Propaganda” (a pesar de no ser competente para cobrar dicho tributo), y otros tantos sobrecostos innecesarios para el desarrollo de sus actividades.

Seguramente, a estas alturas, cualquiera se habría desanimado, quizá no del negocio en sí, pero sí de desarrollarlo de manera formal. Cuando las entidades de la Administración Pública exigen requisitos o cobros que impiden el ingreso o permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, estamos frente a barreras burocráticas.

Estas no solo obstaculizan el desarrollo empresarial y económico, sino que también limitan la posibilidad de ingresar al mercado formal. La mayoría de las barreras burocráticas son generadas por las municipalidades y afectan a las micro y pequeñas empresas, que constituyen no solo fuentes de trabajo a gran escala, sino también el espacio donde la iniciativa privada se desarrolla con mayores posibilidades.

Pero las barreras burocráticas no afectan solo a las pymes, sino a todos los inversionistas en general, y no solo a través de la imposición de requisitos ilegales e irracionales, sino también por la demora innecesaria de la administración en atender las solicitudes de los administrados.

Por ello, es importante aplicar los silencios administrativos positivos para garantizar que la inacción estatal no perjudique a los empresarios o ciudadanos en general.

Sin embargo, la simplificación administrativa a través de los silencios positivos o la eliminación de trabas burocráticas no se reduce solo a cambiar las leyes o aplicar las existentes; también se requiere un cambio de actitud de quienes forman parte de la Administración Pública. Si el mayor porcentaje de las barreras burocráticas se genera en las municipalidades, entonces, los “servidores” públicos de las comunas deberían tener mayor vocación de servicio.

¿Qué empresario arriesgaría su capital en un Estado que, lejos de servirle para que invierta en él, le complica la vida o le pone trabas a su inversión? Una gestión pública eficiente depende de instituciones que funcionen. Y estas no funcionarán en la medida en que quienes en ellas trabajan, en lugar de fomentar la inversión, la ahuyentan.

Cuando los trámites son costosos en tiempo y dinero, no solo se desperdician recursos, sino que se desalienta la inversión, se genera informalidad, se pierde credibilidad en las instituciones y, en última instancia, se frena el desarrollo económico de los sectores más pobres del país.

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