Barreras para acceder a la justicia

Las barreras burocráticas judiciales son un impedimento que impacta directamente en el derecho de acceder a la justicia, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

Este fue parte del análisis que el Tribunal Constitucional realizó en el expediente Nº 02703-2016-PA/TC, desarrollando los conceptos que nos ayudan a identificar dichas barreras: siendo irrazonables cuando el requerimiento resulta imposible de cumplir; impertinente cuando estamos frente a un requisito que no guarda relación con la solución del caso; o cuando la exigencia resulta carente de utilidad o notoriamente intrascendente.

El término “barrera burocrática” se utiliza mayormente en el campo mercantil o comercial y se concibe como todo obstáculo que impida la permanencia de los agentes económicos en el mercado, por lo que debe primar la aplicación de los principios generales de simplificación administrativa, según el Decreto Legislativo N° 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. En este contexto, a nivel judicial, han sido diversos los casos en la instancia judicial que han llegado al Indecopi por ser ilegales o irrazonables.

Por ejemplo, solicitar la presentación de una constancia de habilitación expedida por el Colegio de Abogados de Lima para poder litigar ante el Poder Judicial.

A pesar de su improcedencia, el caso que resolvió el Alto Tribunal fue sobre la denegación de la presentación de una demanda interpuesta por un adulto mayor cuya firma no era idéntica a la de su DNI, señalando que, aun ante el menoscabo de sus facultades mentales o físicas, no se puede sujetar su derecho de acceso a la justicia a este tipo de requerimientos ni tampoco a la declaración de su interdicción y al nombramiento de su curador.

Esto porque estamos frente a un sujeto en especial situación de vulnerabilidad que requiere acceder a una tutela jurisdiccional efectiva para alcanzar otros derechos, al amparo del mandato de optimización.

En medio de una anunciada reforma de la administración de justicia, es importante considerar la simplificación de los procesos en cuanto a etapas y requisitos, con la finalidad de procurar su tramitación en un plazo razonable que no prive a los litigantes de ejercer su derecho a la defensa, más allá de si pertenecen a una población vulnerable.

Las barreras burocráticas muchas veces se encuentran en las normas procesales y administrativas, que imponen costos irrazonables y desproporcionados para quienes no pueden acceder, incluso a un abogado, y que dependen de la defensa pública, la cual muchas veces no cubre la demanda de litigantes en situación de pobreza. Definitivamente, la accesibilidad es todo un reto para el Poder Judicial.

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