¡Basta de chantaje judicial!
En toda sociedad civilizada, la Ley y la Justicia constituyen los pilares del Estado de Derecho. En nuestro caso, aquello equivale a decir que ya no somos una sociedad civilizada. Porque, si bien en teoría tenemos leyes, nuestros jueces y fiscales sencillamente las desprecian y/o las mantienen archivadas. Y nuestro orden constitucional simplemente ha desaparecido desde que, hace un cuarto de siglo, una camorra caviar se apropió de nuestro sistema de Justicia (Poder Judicial y Ministerio Público), vía una bandada de ONG lideradas por Gustavo Gorriti. Hablamos del representante del poder universal del magnate George Soros, el “filántropo” del caos social, de la transubstanciación del hombre en mujer y viceversa, y convencido de ser la mismísima reencarnación del dios del mal.
La colosal crisis de nuestro Ministerio Público o Fiscalía de la Nación —columna vertebral de la legalidad y de los derechos ciudadanos— responde a la politización de quienes, desde inicios de este siglo, han transformado esa institución en un ente encargado de mantener amenazado al poder político, convirtiéndolo en mecanismo de chantaje en connivencia con otra manzana podrida, como el Poder Judicial. Entre ambos integran una yunta temeraria, capaz de mantener amedrentados a los poderes Ejecutivo y Legislativo —formalmente electos por el pueblo— bajo amenaza de denunciar a sus integrantes por corrupción o lo que fuere. Vale decir, la ley de la selva. En ella no impera la Justicia, sino el tramposo “lawfare”; poder canalla derivado de la politización de la Justicia para anular el orden constitucional y legal —como democráticamente lo establece el voto popular— procesando a quienes, según los “comisarios” caviares, transgreden la ley y la Constitución.
Está claro que —aprovechándose de la fiebre de corrupción desatada por el libertinaje de los gorrittis durante los primeros veinticinco años del siglo XXI— nuestros fiscales y jueces han adquirido una indisimulada impunidad, un peligroso poderío y una implacable facilidad para condenar ante los tribunales judiciales —y frente a la opinión pública— a quienes no comulgan con sus ideas totalitarias. ¡Toda una afrenta a la esencia de la democracia representativa! Porque ni todos nuestros políticos son corruptos ni tampoco todos los fiscales y jueces son sacrosantos. Por el contrario. Hoy muchísimos fiscales y magistrados han pasado a integrar organizaciones criminales que se nutren del establishment político para justificar su labor de zapa, orientados a destruir el sistema democrático y a convertirse ellos en un espurio e inconstitucional poder representativo de la sociedad peruana. En otras palabras, la antítesis del Estado de Derecho, amable lector. Porque los jueces y fiscales existen para aplicar las leyes que dicta el poder político, no para desnaturalizarlas, como viene ocurriendo desde que el infame Gorriti, respaldado por el corrupto Toledo, convirtieran nuestra Fiscalía en la versión contemporánea de la Gestapo sudaca, asociada a un inmundo Poder Judicial pleno de vicios, rodeado de abusos e infectado por componendas bajo la alfombra.
Nuestra clase política y la Judicatura necesitan reinventarse y moralizarse, entendiendo su rol como guías de la sociedad. Caso contrario, acabaremos autodestruyéndonos como nación.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
