¡Basta de este juego de palabras y tibiezas!

En nuestra columna de la semana pasada hacíamos notar que si no se produce un proceso de reivindicación de nuestras fuerzas de seguridad y se genere un marco jurídico de protección que garantice su intervención en la lucha contra el narcoterrorismo y la delincuencia organizada, cualquier medida demagógica que predique la erradicación de la delincuencia con la intervención de nuestras FFAA, apoyando a la PNP, es otra tomadura de pelo, cuando vemos que el discurso no tiene contenido y solo tiende a repetir los errores del pasado, poniendo nuevamente a nuestros militares y policías a merced de los defensores de los derechos humanos de los delincuentes para ser objeto de las denuncias ante nuestro sistema de justicia y de los organismos supranacionales que se dicen defensores de derechos humanos y cuyos fallos y acciones han sido asimilados por nuestros fiscales y jueces, cuyas decisiones, en gran medida, maniatan la lucha del Estado para recuperar la paz social y garantizarnos la convivencia pacífica, y hasta ponen en riesgo todo el sistema democrático de gobierno.

Para nadie es un secreto que en el tema de los derechos humanos las organizaciones supranacionales producen actos y decisiones que contienen un innegable sesgo ideológico que no responden a la realidad de la amenaza que sufre un país que está siendo devastado, o por el terrorismo o por la delincuencia común organizada. Han puesto de moda el término de lesa humanidad y la protección de la protesta y la proporcionalidad en el uso de medios de represión, pero a favor de los delincuentes y no de la sociedad agredida.

En este punto, la ideología roja que impregna a los miembros de tales entidades tiende siempre a debilitar a las fuerzas de seguridad. Militar o policía involucrado en cualquier acto de represión utilizando sus armas ante ataques violentos y armados de tanto antisocial suelto, siempre es denunciado y procesado en nuestro sistema de justicia en procesos que duran una eternidad que impiden el ascenso y, por ende, la destrucción de la carrera militar o policial del involucrado.

Sin haberse generado un marco normativo que proteja a nuestros militares y policías de estos despropósitos, sin planes concretos de acción y sin los medios idóneos para esta tarea porque las FFAA saldrán a la calle con su armamento de guerra y no con pistolitas de juguete, otra vez se les envía al sacrificio.

No es posible que en el Vraem se mantenga una actividad terrorista sin una respuesta eficaz, tampoco es razonable enterarnos por el alcalde de San Juan de Lurigancho que no existe negocio en su distrito que no esté sujeto al pago de cupos bajo amenaza real de muerte por parte de los delincuentes. Esta situación se produce ya en muchas ciudades del interior del país y nada de nada.

Sin reglas de juego claras, ¿quién se atreve a apostar por invertir?

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