¡Basta de navegar en aguas turbulentas!

Patético el Primer Ministro rogando a los revoltosos que se respete APEC y que no se convoque a un paro en esas fechas; solo le faltó ponerse de rodillas. Su benévolo discurso estuvo fuera de lugar y no ha hecho más que provocar a la izquierda. Es un signo de debilidad del gobierno y, desafortunadamente, el derecho a la protesta no se suspende porque se hayan declarado feriados o se lleve a cabo un importante evento internacional; los extremistas se sienten dueños de la calle, se la tienen jurada al gobierno y no pierden oportunidad de politizar cualquier causa. Hoy están detrás de los transportistas en #ModoChantaje, exigiendo la vacancia de Boluarte. Saben perfectamente el poder que tienen; el paro del 23 de octubre pasado fue contundente e incluyó a siete regiones, además de Lima.
Si los asistentes al evento están medianamente informados acerca de la situación de nuestro país, no les va a asombrar ver las calles tomadas por revoltosos. Recientemente, la embajada de EE.UU. ha emitido una alerta a sus ciudadanos que se encuentren o planeen visitar el Perú, la misma que renuevan con cierta periodicidad. Lamentablemente, el gobierno no ha tomado medidas a tiempo. Si se hubiera reemplazado a Santivañez y se hubieran adoptado acciones firmes, como desplegar a las Fuerzas Armadas para controlar el orden interno, imponer toques de queda y bloquear absolutamente la cobertura celular en las cárceles, se habrían visto resultados y posiblemente nunca se habría dado el paro original. El gobierno permitió que la situación llegara al extremo, y hoy quiere esconder la basurita debajo de la alfombra.
Todos sabemos que Latinoamérica tiene una tasa de homicidios tres veces superior al promedio mundial y que el 50% de ellos están asociados al crimen organizado. Las circunstancias de cada país varían sutilmente, pero toda la región sufre de una epidemia delictiva que solo crece de la mano de las actividades ilegales.
El presidente Noboa, en Ecuador, ha renovado por cuarta vez el estado de excepción y el toque de queda en Quito y seis regiones, desplegando a las Fuerzas Armadas para el control del orden interno. En nuestro caso, Adrianzén sostiene que se ha creado un grupo especial para las extorsiones, GOREX; se ha implementado la línea 111, dispuesto S/ 3,000 millones para la construcción de nuevas cárceles y la intervención de los penales donde se gestan la mayoría de delitos; pero o son muy lentos o no está funcionando: la criminalidad sigue creciendo y la percepción ciudadana es que el gobierno no tiene la capacidad de controlarla, lo cual es gravísimo.
A su turno, y salvo honrosas excepciones, el Congreso se ha convertido en cómplice de la delincuencia. Es inaceptable que siga promoviendo la ampliación del REINFO, que permite que sigan operando impunemente miles de mineros ilegales —hoy la mayor industria delictiva del Perú— y que dilate la aprobación de una ley que permitiría que los policías y militares estén sujetos a su propio fuero por delitos de función. Hace cerca de veinte años —desde el imperio de los caviares en el gobierno de Toledo— que hay una injusta persecución contra las fuerzas del orden, lo cual solo contribuye a generarles temor y a que no actúen con todo su potencial. De nada sirve la graduación anticipada de 700 policías, señor ministro.
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) no levanta cabeza. Inaceptable el comunicado mediante el que califican de discriminatorias y xenófobas las disposiciones que exigen a los extranjeros la presentación de un contrato de trabajo y de alquiler para permanecer legalmente en el Perú. La migración descontrolada ha traído serias consecuencias a nuestro país, no solo de inseguridad, sino también económicas y sociales. Desde el primer día debió imponérseles una visa; dejémonos de hipocresías.

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