Batallaremos por el futuro del Perú

La apertura de investigación al fiscal José Pérez Gómez, así como a su jefe Rafael Vela Barba, y el ejemplar portazo que les ha dado a ambos sujetos el Tribunal Constitucional –permitiendo que, finalmente, el país conozca los alcances del pacto secreto que urdieron con Odebrecht, Graña, Miró Quesada y otros, en perjuicio de nuestra nación– son dos noticias vertebrales para el futuro del país, que abren esperanzas para que retorne la justicia peruana. Queda todavía un colosal kilometraje por recorrer para que los peruanos sintamos los efectos de la resurrección de nuestro sistema de justicia: Poder Judicial y Fiscalía de la Nación, actualmente hechos cenizas.
En simultáneo, según el portal Infobae, “la exfiscal de la Nación Patricia Benavides presentó un recurso de amparo con el objetivo de anular las investigaciones en su contra (…) Como resultado, el máximo intérprete de la Constitución ordenó que la sala superior admita a trámite el recurso denegado y vuelva a remitir aquel amparo para su revisión.” La exfiscal Benavides se encuentra empeñada en dejar claro que jamás cometió falta alguna y busca su restitución en el cargo. Sin embargo, el 21 de octubre, la Tercera Sala Constitucional declaró improcedente ese recurso, bajo el pretexto de que “la acción no cumplía con los requisitos para ser admitida”. Ante ello, la exfiscal de la Nación interpuso un recurso de queja que fue declarado fundado por el TC. Consecuentemente, se ordenó readmitir a trámite aquel pedido denegado. Finalmente, el jueves último, el TC declaró fundado un recurso de queja de Patricia Benavides sobre su destitución. Según la versión de su abogado, Jorge del Castillo, “si en dos instancias un amparo resulta siendo improcedente para el demandante, este tiene derecho a presentar un recurso de agravio constitucional; algo similar a una apelación al Tribunal Constitucional (…) En este caso, decidió que se eleve el expediente de mi patrocinada”, para que el Tribunal emita un pronunciamiento final.
Otro sí: La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el martes último su informe final, recomendando inhabilitar por diez años en el ejercicio de la función pública al expresidente interino Francisco Sagasti y, asimismo, a sus exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, imputados por el presunto delito de abuso de autoridad e infracción constitucional. El legislador Jorge Montoya sustentó el caso, señalando que, en noviembre de 2020, Francisco Sagasti y los citados exministros del Interior dispusieron, arbitrariamente, que pasen al retiro tres tenientes generales y dieciséis generales de la Policía Nacional; lo cual, a criterio del legislador Montoya, “afectó gravísimamente a la institución”. Este asunto lo verá próximamente el Pleno del Legislativo.
Del avance y conclusión favorable de estos tres procesos dependerá el futuro de los peruanos. Si Vela Barba y Pérez Gómez son condenados por atentar contra los intereses del Estado; si Patricia Benavides regresa a ser fiscal de la Nación; y si el Legislativo inhabilita durante diez años a Francisco Sagasti para ejercer todo cargo público, el futuro del Perú empezará a enderezarse.
¡Batallaremos para que así sea!

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