Bien por la Procuraduría Pública
Como se sabe, el Estado peruano se encuentra demandado, entre otros casos, ante el CIADI del Banco Mundial por la rescisión, resolución y/o inejecución contractual derivada de los dichosos contratos de concesión viales de la capital celebrados con la delincuencial ODEBRECHT e inversionistas sucesores. Está en juego la friolera de centenas de millones de dólares y el panorama pinta negro para el Tesoro Público y, por ende, para la Nación, o sea, para todos.
La verdad, el litigio —por no decir, litigios— en esa vía arbitral internacional, sea por las causas y responsabilidades dolosas, culposas o por negligencia que fueren, ya tiene más de un laudo en contra y, aunque se ha promovido su anulación suspendiendo temporalmente el cobro, el resultado no parece halagüeño en absoluto. En pocas palabras, si la defensa del Estado no logra demostrar en otra jurisdicción el origen ilícito y corrupto del y/o los contratos, el CIADI, sin pestañear, seguirá fallando sistemáticamente en contra del erario peruano.
Ante esta calamitosa situación, el alcalde metropolitano López Aliaga (en adelante, MML), después de algunos palos de ciego y aprovechando una de las múltiples órdenes ejecutivas dictadas por el presidente Donald “Big Kick” Trump, ha acertado al procurar que se someta a la jurisdicción estadounidense este fraudulento caso. Empero, el juzgado ha denegado inicialmente la pretensión, alegando que la MML no tiene personería o legitimidad para obrar, ya que esta, en todo supuesto, compete al Estado. Frente a ello, el titular de la MML solicitó, como corresponde, el apersonamiento y la intervención procesal de la Procuraduría Pública Ad Hoc competente, la que, sospechosamente, optó por lavarse las manos, desatando las iras del burgomaestre, que exigió que sea defenestrada del cargo. Y aquí viene lo bueno: la Procuradora General del Estado, enmendando la plana a la subordinada, resolvió disponer la defensa colegiada entre la Procuraduría de la MML y de la Ad Hoc de marras, quedándonos la esperanza de que, mediante este proceso, pueda empezar a evitarse el pago de centenas de millones de dólares mal habidos que pesan sobre el país.
Las cosas claras. Conforme a la Constitución, la Procuraduría Pública es la encargada de la defensa de los intereses del Estado, así que le toca salir al frente. Otro que la está haciendo demasiado larga —¿por qué será?— es el Poder Judicial. En efecto, hasta ahora no inicia el juicio oral a la confesa y condenable exalcaldesa Villarán, lo que contribuiría eficazmente a acreditar el fraude y la corrupción que vician el/los contratos de concesión vial citados. ¿O es que hay una o más manos negras que complotan contra los intereses de la República? Entre tanto, felicitaciones al alcalde López Aliaga.
P.D.: PPK acaba de ser impedido en el aeropuerto de salir al extranjero para tratar su delicada enfermedad. Se alegó una “alerta migratoria” cuando la requisitoria ya no está vigente. Para mayor inri y de inmediato, le han impuesto 18 meses más de arraigo sin que, después de siete años de investigación fiscal, tenga siquiera una acusación fiscal. Esto es venganza, no JUSTICIA. ¡AMÉN!
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