Bien público indispensable

El reciente paro de transportistas abrió una discusión ineludible sobre uno de los problemas más profundos que enfrentamos: la inseguridad ciudadana. Frente a esta realidad, si nos preciamos de defender el libre mercado y la libertad, no podemos ser indiferentes a lo que vemos todos los días en los medios de comunicación.
Los empresarios de transportes y comerciantes hicieron sentir su genuino malestar sin buscar favores ni exenciones especiales. Su demanda es clara y legítima: la posibilidad de trabajar sin miedo, en un entorno seguro y justo para todos. Mientras que en algunas zonas del país la seguridad es una realidad alcanzable, en otras es solo un ideal lejano. Esta diferencia crea una profunda desigualdad en el ejercicio de la actividad económica y contradice los principios del libre mercado, en el cual el éxito debería depender del mérito y esfuerzo de cada individuo, no del lugar en el que vive o trabaja.
El libre mercado, en su esencia, se basa en la igualdad de condiciones. Todos los participantes deberían competir en igualdad para que el sistema cumpla su propósito de generar riqueza y bienestar. Los empresarios y trabajadores en zonas con altos índices de criminalidad enfrentan costos adicionales y riesgos que sus pares en áreas más seguras no sufren. Esto no solo afecta su capacidad de crecimiento y competitividad, sino que limita su derecho a operar libremente y a prosperar en igualdad de condiciones.
La responsabilidad del Estado es evidente. Al no garantizar la seguridad ciudadana para todos, convierte un derecho en un lujo, erosionando la equidad y el orden social. La seguridad, como bien público, implica que cada ciudadano debería contar con protección básica en su vida cotidiana: la libertad de ir al trabajo sin temor, de abrir un negocio sin riesgo de extorsión, y de transitar por las calles con tranquilidad. Esto no debería depender de los recursos individuales, sino que es un derecho pagado con los impuestos de cada ciudadano, y, por lo tanto, una obligación del Estado. No se nos está otorgando un favor; estamos exigiendo lo que nos corresponde.
Defender el libre mercado implica también defender las mismas oportunidades. En este sentido, la protesta en las calles representa un llamado de justicia a los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, que debe enfrentar la delincuencia con decisión; el Legislativo, que debe legislar con responsabilidad y visión; y el Judicial, que debe hacer valer la ley con firmeza. Sin un compromiso serio de estos poderes para garantizar la seguridad de todos, el libre mercado no será más que una promesa vacía.
La seguridad para todos los sectores no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión de vida. ¿Cómo les pedimos a los jóvenes que se queden si sus vidas corren peligro? Si no logramos condiciones seguras, el libre mercado seguirá siendo una ilusión inalcanzable para muchos peruanos, una promesa incumplida en un sistema que no puede llamarse realmente libre mientras la inseguridad siga siendo una barrera para quienes buscan, honestamente, su progreso y el de la nación.

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