Bolivia y México, la batalla del asilo
La confrontación entre México y Bolivia, que puede escalar hasta la Corte de Justicia de la ONU, se inició cuando el presidente López Obrador calificó de “golpe de Estado” el relevo de Evo Morales, cuando en realidad se trató de una renuncia consecuencia de un mafioso fraude electoral, confirmado por contundentes informes de la OEA y de la Comunidad Europea.
El gobierno de López Obrador, sin embargo, concedió asilo político a Morales, decisión soberana e indiscutible de acuerdo a diversos pactos supranacionales.
Pero lo inaceptable fue permitir al exmandatario que utilice territorio mexicano para organizar una agresiva oposición al nuevo régimen de Bolivia y para coordinar con un traficante de drogas el bloqueo del ingreso de alimentos a las principales ciudades.
Esos hechos constituyen, de acuerdo al estatuto de la Corte Penal Internacional, un crimen de lesa humanidad, que puede ser sancionado hasta con cadena perpetua a los responsables. México, empero, no dijo una sola palabra ante esos actos delictivos, al mismo tiempo de no reconocer a la nueva mandataria de Bolivia, senadora Jeanine Áñez, siguiendo la línea diplomática de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Argentina, países vinculados al chavismo.
El derecho de asilo (o refugio) está normado por las convenciones de La Habana, Caracas y Montevideo. Esos tratados, así como la doctrina internacional, son específicos en señalar que un asilado no puede hacer política ni menos organizar actos de sabotaje contra su patria, desde el país de acogida.
Pero lo hizo en México, libre e impunemente, y ahora hace lo mismo en suelo argentino, donde ha asumido la jefatura de la campaña electoral de su partido, el MAS, recibe a sus dirigentes y envía tuits a sus compatriotas, lo que no está permitido.
Pero la crisis entre Bolivia y México se ha desencadenado porque López Obrador se ha quejado que su embajada en La Paz -donde se encuentran veinte funcionarios del anterior régimen- es objeto de vigilancia extrema, aunque no se ha producido un solo acto de intromisión a esa sede ni de hostilidad a sus funcionarios. Ante la protesta, el gobierno boliviano ha reducido el número de efectivos de seguridad, pero no ha facilitado salvoconducto para que abandonen el país los exfuncionarios que se encuentran en la embajada mexicana porque, según afirman las autoridades, han cometido delitos comunes y deben comparecer ante los tribunales de justicia.
De no producirse un entendimiento entre las dos cancillerías, serán los magistrados de la Corte quienes resuelvan el impasse diolomático, fijando los alcances y límites de la institución del asilo.
Por lo pronto, ante las declaraciones del presidente López Obrador, insistiendo en su teoría del golpe de Estado contra Evo Morales, el ex mandatario boliviano, Tuto Quiroga, lo ha emplazado a que responda por qué permitió que un asilado político promueva la violencia contra su país, deslindar supuestos vínculos con el narcotráfico, al mismo tiempo que lo califica de encubridor de un fraude electoral, protector de los tiranos de Venezuela y Cuba y sumiso con el régimen norteamericano de Trump.
La OEA sería el marco adecuado para tender puentes y encontrar una solución a este conflicto bilateral, que sin duda se expandirá a otras naciones del hemisferio, pero la institución regional se encuentra débil y manifiestamente inoperante.
