Borrador de Plan de Competitividad casi no propone reformas laborales

El borrador del capítulo laboral del Plan Nacional de Competitividad al que he podido tener acceso gracias a fuentes no gubernamentales, es francamente decepcionante. No aborda el grave problema de la reposición judicial en el trabajo -o estabilidad laboral absoluta- que inhibe la contratación formal que nos coloca entre los países con la legislación laboral más rígida del mundo.

Tampoco enfrenta los altos costos no salariales del trabajo en comparación al resto del mundo. No recoge la mayor parte de los planteamientos formulados por los gremios empresariales (CONFIEP, SIN, CCL, ADEX). Tampoco incorpora casi ninguna de las propuestas del Consejo Privado de Competitividad ni la interesante fórmula presentada por Macroconsult–Cámara de Comercio de Lima.

Es decir, la sociedad civil peruana ha trabajado por gusto. (…)

Los gremios empresariales se dieron el trabajo de consensuar una propuesta cuyos puntos básicos fueron: modificar los mecanismos legales para la desvinculación laboral; eliminar el arbitraje potestativo; precisar las causales de falta grave laboral; repensar las normas de cese colectivo; y repensar la regulación para las nuevas modalidades de trabajo.

De esos, el borrador del Plan Nacional de Competitividad sólo toma los puntos 4 y 5, sin que sepamos con qué alcance. Es de notar que los gremios empresariales han sido casi tan tímidos como el gobierno: incomprensiblemente tampoco hicieron propuestas relativas a la reducción de los costos no salariales del trabajo, algo que estaba presente muy claramente en el mismo documento de trabajo de la Política Nacional de Competitividad que el gobierno pre-publicó a mediados del año pasado pero que después no recogió en la Política aprobada el 31 de diciembre.

Ni los empresarios ni el Plan adoptan la propuesta del taller de Lampadia de que la CTS funcione solo como seguro de desempleo, con tope de seis sueldos. Tampoco la interesante propuesta de Macroconsult–Cámara de Comercio de Lima, de sustituir el paradigma de regímenes especiales para la micro y pequeña empresa (laborales y tributarios) por escalas graduales basadas en el ingreso del trabajador o en las utilidades de la empresa. Esto, para evitar los saltos mortales de un régimen al siguiente, que desalientan el crecimiento y fomentan la subdivisión de las empresas o la informalización de los trabajadores, y para facilitar la formalización de las empresas.

Esperemos que el Consejo Nacional de Competitividad, que debe aprobar el Plan, decida llenar estos vacíos e incluir en el Plan las reformas mencionadas, indispensables para sacar al Perú adelante.

Jaime de Althaus

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