Buenas noticias
Finalmente, como se esperaba, el ministro de Educación, Morgan Quero, ofreció, hace unos días, disculpas públicas por sus declaraciones que él mismo consideró “inaceptables”, al sostener que las violaciones contra las niñas en las comunidades awajún eran prácticas culturales en algunos pueblos originarios de la provincia de Condorcanqui. Esta polémica percepción del alto funcionario motivó la inmediata reacción de sectores políticos, intelectuales y de las propias comunidades afectadas quienes demandaron la rectificación del ministro o su renuncia al cargo.
Se trató, sin duda, de una expresión infeliz y poco pensada. Más todavía si venía de la primera autoridad encargada de la educación de nuestros niños y jóvenes en el país, del funcionario responsable de dirigir las políticas públicas orientadas a la formación de quienes serán el futuro de la Nación. No se podía aceptar, bajo ningún punto de vista, tamaño estropicio intelectual. “Quiero expresar estas disculpas y al mismo tiempo reconocer mi error al haber expresado de manera indebida e imprecisa declaraciones inaceptables la semana pasada”, señaló el ministro frente a las cámaras del canal de televisión del Estado, al precisar que pidió disculpas “ante la vicepresidenta de la organización regional de pueblos indígenas del norte de Amazonas, Raquel Caicat”.
El presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, no descartó, incluso, que los ministros Morgan Quero y de la Mujer, Teresa Hernández, otra funcionaria que secundó a Quero en el desaguisado, puedan viajar a Amazonas para reunirse con las autoridades de la provincia de Condorcanqui.
No hay mal que por bien no venga, dice un viejo refrán que bien puede ajustarse al hecho que comentamos, porque, después de las “inaceptables” declaraciones del ministro, hemos tomado conocimiento de que el Ministerio de Educación solicitará a la Fiscalía la reapertura de los casos de agresión sexual ocurridos contra los escolares en la región Amazonas, con la finalidad de que los docentes denunciados por esos delitos no puedan ser contratados ni menos nombrados en el sector. La acción del Minedu tiene el propósito institucional de exigir justicia y garantizar la protección para las niñas afectadas. Eso está muy bien y es lo menos que podemos esperar.
Por otra parte, este jueves retornó deportado a nuestro país, Alejandro Sánchez, investigado por los delitos de organización criminal y otros, en agravio del Estado y la sociedad; como parte del caso ‘Asesores en la sombra’, vinculado con el expresidente golpista Pedro Castillo Terrones. Enfrenta cargos de colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal, con el fin de obtener supuestas ganancias ilícitas. Se había fugado del país el año pasado. Sobre Sánchez pesa un pedido de prisión preventiva de 30 meses. Se trata pues de un personaje muy importante, por la cercanía con el exmandatario, que permitirá desentrañar el oscuro andamiaje que habría levantado Pedro Castillo para cometer sus supuestos delitos, por los que viene siendo investigado en varias carpetas fiscales.
Es el dueño de la famosa casa de Sarratea, en el distrito de Breña, lugar donde el expresidente, actualmente preso en el penal de Barbadillo, despachaba ilegalmente y no en palacio de Gobierno, como establecían las normas, al inicio de su gestión. Este personaje fue capturado en Texas, Estados Unidos, mientras intentaba cruzar la frontera ilegalmente. En octubre del año pasado, Estados Unidos le negó el asilo político, complicando su situación legal. Se trata de un empresario muy amigo de Castillo, considerado el principal financista del expresidente.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Penal de la Corte Superior de Justicia había dispuesto su ubicación, captura y conducción por delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en agravio del Estado. Llegó al Grupo Aéreo Número 8 del Callao en un vuelo chárter procedente de Texas, acompañado de policías que lo trajeron para ser juzgado en el país. Se especula que Sánchez podría acogerse a mecanismos legales como la colaboración eficaz o la confesión sincera, posibilidades que evaluará junto a su defensa, seguramente. No hay delito que no se pague. Esperamos que la justicia haya lo suyo y sancione lo que deba sancionar.
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