Cambio apremiante de premier

Después de la caída del golpista Pedro Castillo, la oposición, que combatió con tanto esmero y valentía al inquilino precario –y corrupto– de Palacio de Gobierno, ha entrado en una modorra insufrible.

Es cierto que unas elecciones adelantadas solo traerían más inestabilidad al país, pero eso no quiere decir que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no deba ser fiscalizado por el Parlamento.

Nos hallamos en medio de una recesión económica y sin visos de que el PBI pueda ascender hasta el 2026 a niveles que permitan reducir la pobreza (alrededor del 5%). Esto se debe, principalmente, a que el Perú se está volviendo en un país cada vez menos atractivo para los inversionistas. Y, sin inversión privada, no habrá crecimiento económico jamás.

Los últimos acontecimientos sucedidos en Cusco, en donde la mafia de la venta de boletos físicos a Machu Picchu bloqueó las vías de acceso al santuario, perjudicando a miles de turistas, evidencia que estamos al garete.

La Administración de Boluarte, acobardada por un puñado de desadaptados, tuvo que retroceder y romper un contrato con la empresa Joinnus para la venta de entradas vía online.

Esta modalidad, que ahora, se supone, estará en manos del Estado, es sumamente importante para que los visitantes de la maravilla del mundo cusqueña no sigan siendo víctimas de delincuentes, quienes, según cifras del Ministerio de Cultura, se hacen de unos 8 millones de soles al año con la venta irregular de boletos.

Ceder ante los revoltosos provoca un nefasto precedente: gremios de diferentes sectores podrían movilizarse y bloquear vías para obtener diversos beneficios. El Ejecutivo, a través de la Policía Nacional, tuvo que imponer toda la fuerza que la ley otorga y detener a los huelguistas que realizaron acciones que no están enmarcadas en el derecho a la protesta, como lo es, de acuerdo a lo establecido por la Corte Suprema, la toma de carreteras, por ejemplo.

Al contrario, hemos sido testigos de cómo el Gobierno debilitó a la Policía al defenestrar irregularmente a Jorge Angulo, que no es santo de mi devoción, de la Comandancia General de la PNP por supuestamente haber sido responsable de que los estados de emergencia focalizados no hayan bajado los índices de inseguridad ciudadana.

Pero la verdadera culpa de que estas medidas no sirvan para combatir la delincuencia es del Ejecutivo, porque los efectivos y militares no ven el apoyo político necesario para poder abatir criminales sin tener que, a pesar de haber cumplido con su labor, afrontar sendos juicios que podrían acabar con ellos en prisión. Una paradoja total que padecemos los países por hallarnos bajo el yugo del zurdo Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Apremia, pues, una variación de timón: se requiere de un premier economista, que defienda el libre mercado y atraiga, de verdad, a los inversionistas, y que cuente con un perfil político importante, para que priorice, a su vez, la lucha contra la criminalidad, brindando todo el apoyo logístico y moral que requiere la Policía y las Fuerzas Armadas. Alberto Otárola está más preocupado por darles trabajo a sus amiguitas a cambio de Dios sabe qué.

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