Cañete: garantías para Angélica Saavedra Tintaya
Desde el presidente de la República, Ing. Martín Vizcarra, hasta el funcionario público más modesto, jamás debería permitirse que el tráfico de tierras exista en cualquier localidad del país. Pero otra vez San Vicente de Cañete aparece como la localidad preferida de las mafias, de la injusticia y el abuso contra pobladores que poseen humildes casitas desde el siglo pasado.
El modus operandi es el mismo y ocurre cuando decenas de matones aparecen con maquinaria pesada a la medianoche o al amanecer, algunos seguramente vinculados a malas autoridades, prestos a derrumbar las viviendas rústicas, dejando en la calle a los pobladores, que por llamarlos así no son personas de segunda clase sino ciudadanos a carta cabal, amedrentados ahora por delincuentes que incluso suelen hacer disparos al aire sin que el Estado oficial oiga ni vea nada.
En este contexto no puede pasar inadvertida la denuncia de la ciudadana Esther Angélica Saavedra Tintaya, una mujer peruana que como todas merece respeto, que pide garantías para su vida y la de los integrantes de la junta directiva de la “Asociación de Vivienda Luz del Sol de Apurímac”, asentamiento humano ubicado a la altura del km 153.5 de la antigua Panamericana Sur, en la zona conocida como Pampa Clarita - Concón, pues al ser la presidenta es el foco de las amenazas y las represalias.
Dicho sea de paso, los pobladores han realizado trámites ante las instancias públicas con el objetivo de formalizar y legitimar su posesión, pues el derecho lo tienen desde que viven allí hace tiempo. Sin embargo malos elementos se aprovechan de la inoperancia del Estado para jugar en pared con el tráfico de tierras, sorprendiendo a los residentes mientras duermen para destruirles sus casas al más puro estilo de los balnearios sureños cuando la opinión pública asistía como mudo testigo frente a los desmanes por la venta de terrenos en los distritos de Lurín, Punta Negra y San Bartolo.
Esa tropelía y despojo ha ocurrido hace unos días, de manera que las autoridades, especialmente la Fiscalía de Prevención del Delito, el Ministerio del Interior y el director General de la Policía Nacional deben ocuparse y preocuparse del asunto, en resguardo de la integridad física y emocional de la ciudadana Esther Angélica Saavedra Tintaya, su comité de dirigentes y los pobladores de Pampa Clarita – Concón.
