Carreteras tomadas

Desde hace más de diez días, el bloqueo de carreteras por parte de miembros de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) ha impedido el tránsito normal de miles de buses, camiones y vehículos particulares, especialmente en el sur y, progresivamente, en el norte del país. Los mineros informales y artesanales adoptaron esta medida para exigir la aprobación de la Ley MAPE y la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuya vigencia concluye el 31 de diciembre de este año.
Durante este periodo, miles de manifestantes ocuparon puntos estratégicos del país, con el fin de presionar al Congreso y al Ejecutivo. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que, hasta la fecha, hay siete vías nacionales restringidas en regiones como La Libertad, Cusco, Ica y Arequipa. Además, desde ayer, los mineros anunciaron bloqueos en las salidas y entradas de la ciudad de Juliaca.
Se trata de una de las movilizaciones más coordinadas y mejor organizadas de los últimos años. Hasta el momento de redactar este artículo, no se habían producido actos violentos relevantes, salvo algunas escaramuzas, comunes en este tipo de protestas. Sin embargo, los daños a la economía nacional y a la población afectada son graves. Por ejemplo, el transporte de gas licuado de petróleo (GLP) desde la planta de Pisco y la refinería de La Pampilla en Lima hacia Arequipa pasó de demorar 48 horas a más de una semana, lo que provocó un aumento en el precio del balón de gas.
Magno Salas, vicepresidente de la Asociación de Grifos de Arequipa, afirmó que el 80 % de las estaciones de servicio en la ciudad ya no cuentan con GLP. Esta escasez ha obligado a las estaciones restantes a racionar el combustible, afectando especialmente a los taxistas, quienes dependen de este recurso.
No solo se afectó el suministro de combustibles, sino también la distribución de productos de primera necesidad. En varias ciudades, la amenaza del desabastecimiento se volvió latente. El sector ganadero del sur también se ha visto afectado, con millonarias pérdidas por la interrupción en el acopio y distribución de leche.
Mientras tanto, el Gobierno no ha mostrado apuro en restablecer el orden. Las declaraciones del ministro de Transportes, César Sandoval, sobre sancionar a los infractores no se han traducido en acciones concretas. Prometió que para hoy sábado las vías estarían liberadas, pero la realidad lo contradice.
El derecho a la protesta es válido, siempre que se ejerza de forma pacífica. Pero bloquear carreteras constituye un delito: el de disturbios, según nuestro Código Penal. Ante la persistencia de los manifestantes, corresponde aplicar con firmeza el principio de autoridad, usando la fuerza legítima del Estado sin incurrir en abusos.
A la par, tanto el Ejecutivo como el Congreso deben avanzar con propuestas reales de formalización minera. La minería artesanal merece regulación y protección, a diferencia de la minería ilegal que opera al margen de la ley, causando desorden económico, social y ambiental.
La situación es crítica. Mientras el gobierno invoca el diálogo, los mineros no ceden. Incluso en La Libertad, ronderos de Pataz han anunciado una huelga indefinida y se han unido a las protestas. La autoridad debe actuar con firmeza, pero también con sensatez política.

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