Carta abierta a la Misión de la OEA
Un deber de elemental cortesía me obliga a darle la bienvenida por su próxima visita al Perú, animado de la esperanza que arribe a nuestra patria con el espíritu abierto, lejos de cualquier prejuicio proveniente de la mano diestra o siniestra del secretario general Almagro. Ustedes integran un grupo de alto nivel con la experiencia necesaria para observar una situación de crisis derivada del enfrentamiento entre el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones y sus aliados frente a la oposición democrática dentro y fuera del Congreso. Esa es la realidad. Si hay un peligro de golpe estaría originado por el presidente Castillo y sus socios de Perú Libre y, particularmente, de Antauro Humala recientemente indultado para atemorizar a la oposición.
La vacancia por incapacidad moral permanente es una institución establecida en las sucesivas constituciones que han regido al Perú desde el año 1839. No constituye una novedad jurídica, habiéndose aplicado dos veces, en el año 2000 con Fujimori y en el 2018 con Vizcarra. Ninguna de esas dos vacancias originó la protesta ni menos una reacción negativa en el seno de la OEA, entonces ¿por qué ahora sí? En cuanto a la denuncia constitucional por delitos de corrupción formulada por la fiscal de la Nación, es una acción que se encuentra dentro de sus facultades conforme al artículo 159 de la Constitución. Quizás la Misión de la OEA quiera entrevistarla y la citada funcionaria acceda a conversar con ustedes. Me pregunto, ¿qué le podrían decir, por qué formuló la denuncia contra el presidente Castillo, está segura de lo que hace, por qué no la retira?
Si le podrían preguntar si esa denuncia pudiera originar una acusación contra el presidente Castillo a pesar de que tales delitos de corrupción no están incluidos en el texto del artículo 117 de la Constitución. Quizás frente a esa hipotética pregunta, la fiscal de la Nación les respondería que esa decisión no le compete a ella sino al Congreso conforme a la Constitución y al Reglamento de ese Poder del Estado. Creo que ya lo ha dicho de una u otra forma. Cualquier otra actitud por parte de la Misión de la OEA estaría reñida con las normas del Derecho Internacional Público en cuanto que los organismos internacionales no deben intervenir en la política interna de sus integrantes.
La Carta Democrática Interamericana fue diseñada para defender la democracia pero no para autorizar hipotéticas sanciones venidas del exterior.
Sin duda la Misión de la OEA viene al Perú para investigar si en nuestra tierra hay el peligro de un golpe de Estado. Mi respuesta a esa pregunta es que definitivamente sí existe tal peligro. Pero no de la oposición al Ejecutivo en el Congreso sino al revés. Eso lo vemos a diario en las lamentables declaraciones de Castillo y en la acción subversiva y conspiratoria de su aliado Antauro Humala. El Perú sufre la acción de una tenaza por las acciones desembozadas del presidente Castillo y sus acólitos de la izquierda para cerrar el Congreso, y convocar a una espuria asamblea constituyente destinada a que el Perú viva bajo el signo de la tiranía comunista. Esperemos que la Misión de la OEA no se preste a ese juego.
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