Castigo a los fiscales y jueces odiadores

Ayer se concretó lo que ya se veía venir, el derrumbe del llamado “caso Cocteles”, al declararse la nulidad de lo actuado en el proceso hasta el momento de calibrar las imputaciones de la fiscalía, luego de una década de hostigamiento a centenares de personas que fueron víctimas de presunción de culpabilidad o dolo, cuando nuestro ordenamiento jurídico, que se fundamenta en la Constitución Política y coincide con el Derecho universal, dispone más bien que se debe presumir la inocencia. Las investigaciones fiscales, con inocultable propósito de perseguir al Fujimorismo, estuvieron a cargo de los mismos fiscales que luego serían los protagonistas del acuerdo con Odebrecht, que sin pudor alguno usaron el acuerdo —sobre todo la vertiente de posibles declaraciones o pruebas, que nunca se materializaron— en apoyo de aquellas.
Desfilaron por el recinto fiscal dirigentes del partido político que representa al Fujimorismo, comenzando por su fundadora y presidenta Keiko Fujimori, afiliados y simpatizantes y hasta personas que, sin ser todo lo anterior, consideraron oportuno apoyar a la opción ideológica ahí representada. Yo misma tuve que acudir en más de una oportunidad a los despachos fiscales, al igual que centenares y quizás miles de personas (comprometiendo su tiempo y recursos) que habían aportado a la campaña política fujimorista. Más de uno respondió: “Sí aporté, porque tengo los recursos fiscalizados por Sunat y porque me dio la gana de hacerlo”.
Se usó la detención preliminar y preventiva como mecanismo claramente extorsivo para generar afirmaciones sin apego a la realidad, que no podían ser acreditadas de manera objetiva, pero que estaban dirigidas (y provocadas por los mismos fiscales y adjuntos) a generar un halo de culpabilidad en personas a las que interesaba perseguir y neutralizar en su accionar político.
Víctima principal de esa inmoral “pesca” fue, sin duda, la máxima lideresa fujimorista, quien se vio privada de su libertad dos años. Sin ser especialista en materia penal, se puede apreciar la perversidad y abuso, insólitos, de iniciar investigaciones sin que existiera tipificación penal de los hechos materia de indagación, o, peor aún, basar la investigación fiscal y posterior juicio penal en el grave delito de lavado de activos sin acreditar primero que los “activos” tuvieran origen ilícito.
Mientras tanto, los fiscales y jueces carceleros que actuaron en sospechosa armonía durante esa década vergonzosa gozaban de bonos, viajes, publicidad y hasta de propaganda política.
Es indudable que no puede haber impunidad, y los abusos descritos deben ser castigados con el mayor rigor posible para que no se repitan.

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