Castillo no debe seguir gobernándonos
Pedro Castillo está acorralado. Huir hacia delante, no le conduce a ninguna parte. Mostrar desesperación, lo delata más. Refugiarse tras abogaduchos de quinto rango, lo deriva aún más rápido a su meta final: la cárcel. Pasearse por el país con el dinero de los peruanos en momentos tan dramáticos para el pueblo (como por los que están pasando 32 millones de peruanos, indignados por la idiotez de presidente que tienen conduciendo su país; y por la voracidad cleptómana de éste), sólo para escuharle repetir “yo no soy un ladrón”, cuando la gente sabe que sí lo es, resulta no sólo intolerable y abusivo sino marcadamente patético. Su negativa a declarar ayer ante la comisión del Legislativo -que investiga sus trapacerías- sólo ha agravado su condición de imputado, investigado por el Fiscal de la Nación tras ser acusado de liderar de una banda criminal constituida para robarle al Estado. Su condición como presunto delincuente crece por hora, generándole más complejo de culpa. Prolongar esta agonía no sólo le causa más daño a él porque, paralelamente, las sospechas que le rodean se transforman en realidades que indignan crecientemente a la sociedad. Minuto a minuto Castillo le produce mayor miseria, mayor desesperación, mayor indignación a los peruanos. Esperar que renuncie es pedirle peras al olmo. Quien llega a estos extremos de negacionismo está intoxicado por un carácter forjado dentro de la inmoralidad; por tanto, de falta de empatía con la gente. Y adicionalmente, por un afán suicida de autoprotección.
Por eso indigna que el Congreso –que representa a 32 millones de peruanos- persista en dejar a Castillo en la presidencia. Esta barbaridad revela que la mayoría de peruanos ahora está secuestrada –y en un profundo estado de sinrazón- por un centenar de seudo políticos instalados en el Legislativo, que prefieren que el Perú siga siendo desgobernado por un inepto integral -a la vez amoral- capaz de cualquier estropicio para continuar agudizando la crisis nacional.
El gesto de cobardía de Castillo –al no presentarse ayer frente a la comisión investigadora congresal que preside el parlamentario Héctor Ventura- no sólo ofende al Parlamento, sino a todo el país. Refugiarse en un argumento no sólo ilegítimo sino desesperado como el que le habrían sugerido sus asesores -(“La Comisión de Fiscalización y Contraloría del poder Legislativo no tiene competencia para investigar a un presidente de la República por presuntos delitos comunes o de función que se hayan cometido durante el ejercicio de su mandato”)- reconfirma su culpabilidad. Porque, aparte de que quien nada debe, nada teme, constitucionalmente el Parlamento sí tiene la facultad de investigar a un mandatario. El ejemplo más reciente fue el ex presidente Kuczynski.
Castillo no debe ni puede –probablemente ni quiera en la actual coyuntura- continuar siendo presidente. Los once meses y días que ha venido desgobernando el Perú -aparte de urdir una conspiración cleptómana para robarle a los peruanos a través de evidentes delitos de corrupción- han destrozado la estructura del Estado, conduciendo al país al borde del caos sociopolítico, económico, sanitario y laboral.
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