Castillo quiere anular el TC

Comentábamos ayer la progresiva tensión sociopolítica por la que viene atravesando el país desde hace ya dos décadas, a raíz del choque de trenes que produjo la derrota de sendero luminoso en los campos ideológico y político aquel 12 de setiembre de 1992.

Porque para la izquierda criolla y mundial, el apresamiento, posterior proceso judicial y finalmente la condena a miles de terroristas fue un hecho nefasto. En realidad, significó tácitamente su derrota; y, a la vez, la victoria política y social de un japonesito de clase media que acabó siendo el líder de las derechas. Dejémonos de eufemismos, amable lector.

Dentro del juego estratégico de la izquierda -repetimos, local e internacional- en orden jerárquico siempre estuvo por delante el principio reivindicativo hacia los pobres -en la práctica, una mera manipulación para acomodarse a lo que más votos le rinda-, justamente aquel mismísimo principio proclamado a los cuatro vientos tanto por sendero luminoso como por el mrta. En rigor, la izquierda tiene unos “principios” clásicos, aunque la mayor parte de las veces son simples códigos adecuables a las circunstancias.

Como claramente se corrobora a través de aquella versión orwelliana llamada “comisión de la verdad”, integrada por una apabullante mayoría de individuos socialistas, comunistas y tantas otras variantes de la izquierda, digitados por un corrupto apellidado Toledo como delegados del Estado, en aquella “comisión” que acabaría bautizando como “luchadores sociales” a los terroristas de sendero y mrta.

Desde que el jueves de la semana pasada se supo que el Tribunal Constitucional había emitido un fallo anulando una sentencia de la corte Suprema que, inconstitucionalmente, anuló el indulto concedido por PPK al expresidente Alberto Fujimori, arrancaron las iras violentas de la izquierda peruana y multinacional. Porque aquello significa la derrota final de la izquierda en ese sanguinario capítulo que lamentablemente forma parte de nuestra historia republicana, signado por un cuarto de siglo del más feroz terrorismo larvado y ejecutado al amparo de una, dizque, “defensa a todos los desposeídos, víctimas de los poderosos”.

Para más señas, la usurpadora razón de ser de todas las izquierdas. Son desconocidas aún las motivaciones y los argumentos expuestos por el fallo en mayoría sancionados por el TC. No obstante, el ejército local y mundial de oenegés de izquierdas ha entonado su grito de guerra preparando a la opinión pública para desacreditar aquella sentencia del TC, advirtiendo a sus delegados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deben anularlo, aún quebrando los límites que tiene ese órgano regulador de la cuestionada justicia trasnacional.

Por cierto, exhibiendo una descarada capacidad de manipulación, suerte de Fiscal de la Corte IDH, y utilizando sus redes sociales, la Comisión Interamericana de Derechos denunciaba “su profunda preocupación” por la decisión del TC peruano, advirtiéndole además que “afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la CIDH en los casos La Cantuta y Barrios Altos.” Estamos notificados.

Una intolerable intromisión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que el Perú no puede ni debería tolerar, bajo condicionamiento alguno.

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