Castillo sí está imputado
La columna aparecida ayer fue escrita el martes, después de conocerse la decisión de imputar al todavía jefe de Estado, Pedro Castillo, y antes de que la imputación quedase congelada en el tiempo, por ucase de esa esperpéntica Zoraida Ávalos, Fiscal de la Nación. Ávalos, como se sabe, está en el cargo digitada por la corporación caviar que domina aquel centro de poder del Estado. Su misión es acomodar las comisiones de delitos según las personas (de oposición o de respaldo a la izquierda), y siguiendo la óptica de las oenegé financiadas desde el extranjero, para imponernos sus códigos de manipulación a la ciudadanía. Un insoportable dominio trasnacional que soportamos hace al menos dos décadas, desde que la progresía caviar sentara sus reales a través de una organización opaca y, en la mayoría de los casos, delictiva, que ha copado una parte significativa en las dependencias de los poderes del Estado y entes vertebrales, como Fiscalía y Junta Nacional de Justicia, de la que dependen entre otros el Jurado Nacional de Elecciones. Hablamos de esa mafia de oenegés que gobierna el Perú a discreción de sus financistas foráneos. Entre quienes se encuentran sujetos siniestros como George Soros y representantes de inmensos capitales, trajeados de donaciones. Sin embargo son fondos digitados, expresamente, para corromper al poder político en países menesterosos como el Perú, comprando voluntades a contrapelo de lo que mande el voto popular (supuestamente el único elector de los destinos de la nación), y así imponer las políticas que decida el primer mundo para el tercermundismo en que seguimos atollándonos, por culpa de gobernantes incalificables como Pedro Castillo.
Por ello no sorprende el giro que diese, el miércoles por la tarde, la orden de postergar dicha investigación al presidente Castillo “hasta que deje el cargo”. La Constitución no prohíbe, amable lector, que un mandatario sea investigado. Condiciona únicamente la oportunidad en que sea procesado. Pero Zoraida Ávalos aplica un hecho consumado, aprovechando a que eso mismo hizo con el miserable Vizcarra. ¡Y no pasó nada! Pues dos veces no capan al gato, fiscal Ávalos. Así que aténgase a las consecuencias.
Apostilla. A qué grado de descomposición habrá llegado el Ministerio Público, a cargo de gente descalificada como Ávalos, que ese mismo día apareció otra “providencia” de la Fiscalía, firmada por la fiscal provincial Elizabeth Giselle Figueroa Cortez, plagada de faltas ortotipográficas, sindéresis y lenguaje como registra la siguiente transcripción literal: “Con el escrito presentado por Eduardo Remi Pachas, defensa técnica del imputado José Pedro Castillo Terrones, la misma que fuera autorizada para que el imputado declare sobre los hechos imputados en su contra mediante envío de pliego de preguntas por tener a la fecha el cargo de Presidente Constitucional (….).” Ni en la República africana de Burundi aceptarían algo tan grotesco emitido por una Fiscalía de la Nación; con mayor razón, en un expediente que involucra al presidente del país. ¡Ello refleja el nivel de Estado fallido en que nos encontramos! En conclusión, Castillo sí se encuentra imputado por la Fiscalía. ¡Vacancia ya, señores congresistas!
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