Castillo tuerce la Constitución

Es arbitrario, amable lector, que su vida, salud y/o patrimonio estén cada día más expuestos, más amenazados y más perjudicados, por culpa del régimen que aún preside un incapaz en materia de gobernabilidad; un imputado por la Fiscal de la Nación por, probablemente, liderar una organización criminal para robarle a los peruanos; un mandatario que usa el Estado para obstruir a la Justicia de las acusaciones fiscales que penden sobre él y su familia; un jerarca que manipula a la DINI para perseguir y/o espiar a quien se oponga a sus caprichos; un jefe de Estado que se comporta temerariamente con todas las autoridades que le están investigando; un prepotente que habría ayudado a fugar a parientes, a ex ministros y a ex funcionarios estatales vinculados a una organización criminal, como aquella que el Ministerio Público le imputa ser su jefe. En cualquier país civilizado del planeta, el pueblo se habría rebelado, y este sujeto que funge de presidente habría sido puesto a órdenes de la Justicia, ocupando ya en estos momentos una celda en algún penal de máxima seguridad. Pero estamos en la república peruana, adonde el todavía presidente Pedro Castillo Terrones hace lo que le da la gana. ¿Vamos a permitírselo, amable lector? ¿Vamos a dejarnos mancillar, humillar, destruir nuestra vida, arruinar nuestra salud física y mental, despojarnos de nuestro patrimonio por un fulano inescrupuloso que ha decidido instalarse como dictador, aprovechándose de los instrumentos constitucionales y legales que ofrece nuestra tradición democrática como aval, exclusivamente, para quien cumpla, sin excesos, el ejercicio de la presidencia de la República? Porque quien hoy desempeña ese cargo gobierna como un dictador; al margen de la Constitución y de las leyes que están hechas, repetimos, para brindarle estabilidad en el ejercicio de la labor presidencial únicamente a los mandatarios que cumplan en forma estricta con los preceptos constitucionales y legales. Y a sujetos como Castillo –que operan pisoteando las leyes y la Carta Magna- no pueden ni deben alcanzarles las garantías que consagran, tanto la Constitución como la legislación peruana, hechas para los mandatarios que ejerzan el cargo presidencial apegados, de manera escrupulosa, a las normas constitucionales y legales, asimismo a los usos y costumbres de los principios democráticos.

Sin embargo, el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación piensan en las antípodas. Pregonan que a las mociones de vacancia, suspensión o lo que fuere -relativas al presidente que se ha auto colocado al margen de la Carta y las leyes- hay que aplicarles exactamente los puntos, comas, diéresis, etc., que registran tanto la Carta como la jurisprudencia. Con ello, Congreso y Fiscalía están beneficiando a quien viene despojando a cada uno de los peruanos tanto de su salud y patrimonio, como del derecho que tienen a convivir en armonía y paz, y a disfrutar de los bienes que han logrado a base de esfuerzo y sacrificio. La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y los congresistas sólo deben velar por el poblador. Incurrirían en prevaricato si apoyasen a un presidente dictador.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.