Castillo y secuaces confirman entraña violentista

El martes pasado compartí con ustedes mi parecer sobre los malos vientos que acompañarían a la ciudadana Dina Boluarte en caso que, luego del blindaje del marxismo de toda laya presente en el Congreso, ella resultara reemplazando a Pedro Castillo.

Lamentablemente, se hicieron realidad los desalentadores presagios y no porque cambiaran de parecer los congresistas que protegían al mal chotano, sino por la insólita usurpación que este perpetró contra el orden democrático y constitucional el día miércoles 07. Drogado o no, presionado o no, pero sin duda acompañado por los dos impresentables que se sucedieron en la presidencia del Consejo de Ministros, el incapaz moral permanente Castillo, pervirtiendo su investidura de jefe de Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dispuso la disolución temporal del Congreso de la República, la convocatoria a elecciones congresales con facultades para elaborar una nueva constitución, la intervención del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia e incluso toque de queda a nivel nacional. Se ha conocido luego que había ordenado se desaloje a la fuerza a los congresistas presentes en el Palacio Legislativo y el apresamiento de la fiscal de la Nación.

Más allá de los alegatos tinterillescos de los golpistas respecto a que no se consumó la usurpación y que todo quedó en meras palabras, posición que revela un negacionismo cobarde, es claro que el golpe se dio pero terminó fracasando no por actos reparadores de los golpistas sino porque se impuso la severa advertencia del Art. 46 de la Constitución de 1993, que señala que: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador… Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.”.

Vacado y apresado el agresor, éste confirma su entraña violentista afín al narcoterrorismo de Sendero Luminoso, y que aún le queda bastante dinero producto de los actos de corrupción que fueron la regla en los diecisiete meses que estuvo en el sillón presidencial, al instigar y justificar actos de vandalismo con presencia de ex condenados por terrorismo, como toma de carreteras, destrucción de la propiedad pública y privada, agresión y secuestro a policías y hasta pérdidas de vidas humanas, no de cabecillas o instigadores sino de jóvenes y hasta menores de edad.

Ante ello, y más allá de su defectuosa legitimidad de origen, el gobierno de D. Boluarte debe afirmar el principio de autoridad y reestablecer la vigencia del estado de Derecho para que las fuerzas políticas democráticas dialoguen sobre las medidas necesarias a corto y mediano plazo.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.