Castillo y su Consenso Anti-empresarial

Con la dedicatoria “Siete días para olvidarte”, el Congreso dejó a un lado el documento ‘Consenso por el Perú’ que fuera entregado el viernes 16 por Castillo y sus consortes ministros. La búsqueda de la “estabilidad” y la tranquilidad política había sido sólo una envoltura al paquete explosivo en contra de los inversiones privadas y derechos amparados por la Constitución Política. Los explosivos del consenso, escritos por el gobierno en el primer punto, fueron: “eliminar los Contratos Ley” y “eliminar el principio de subsidiariedad”.

Williams fue discreto y efectivo. Soslayó a un premier empecinado en sacarle la firma. Haber caído en esa trampa lo hubiera comprometido a destruir los principios constitucionales que permitieron el crecimiento económico con más inversión privada durante las últimas décadas.

La eliminación de los Contrato Ley traerá pobreza. Sin estos se hace polvo la estabilidad jurídica temporal que necesitan los inversionistas como garantía para dar seguridad a sus inversiones. Sin los convenios de estabilidad perdemos competitividad y tecnología que proviene del extranjero, y dejamos de innovar en la minería, agroindustria, energía, transporte y muchos otros sectores.

La eliminación del principio de subsidiariedad es someterse a más corrupción. Sin el rol subsidiario del Estado, el gobierno elimina el candado legal que le impide competir con el privado. Entiéndase, el Estado competirá con el privado en todo rubro regulado por ellos mismos -servicios internet, electricidad y todo rubro- con facultades arbitrarias de gasto público para contratar “chotanos”, “chiclayanos” y similares. Su excusa será “... es de conveniencia nacional”.

Los más recientes daños generados por el gobierno con su batería explosiva anti-inversiones acaban en el Congreso para ser derogados. Es así que, la Organización Internacional de Empleadores -OIE- dijo que la reputación de Perú frente a la comunidad internacional de inversionistas traerá indudables consecuencias económicas en el mediano y largo plazo. La OIE observa que el gobierno de Castillo impone decretos supremos laborales de forma unilateral medidas sin canal de diálogo social y colisiona con los procesos acordados en la OIT. Como hito para la vergüenza del Bicentenario, el gobierno de Castillo promulgó la norma con el record histórico de acciones legales en su contra (800), esta es la restricción de la tercerización.

Castillo es una fuente de riesgos políticos negativos para las inversiones. El miércoles pasado, desnuda su intención y se quita la mascareta del consenso, acusa al Congreso de golpista en la ONU, mientras su sindicato, el Fenate -que es gabinete asesor del Minedu-, amenaza en la puerta de Torre Tagle que harán una huelga nacional, como el 2017, si no les entregan la Derrama. La arenga extremista, el uso de la fuerza y la violencia quieren quebrantar el derecho privado de forma inconstitucional.

Sacando su instinto más primitivo, Castillo acude al temor del pueblo con sesgo anti-empresarial. Winston Churchill ha descrito este sesgo en su frase: “Algunas personas consideran la empresa privada como un tigre depredador que debe ser fusilado. Otros la ven como una vaca que se puede ordeñar. No muchas personas la ven como un caballo sano, tirando de un carro robusto”.

Castillo se auto-caricaturiza como el cazador del tigre depredador que describe Churchill y vende el miedo hacia al inversionista dibujándolo como el corrupto criminal, al Congreso como el golpista, los medios como mermeleros si no son alternativos y el pueblo sólo existe si está con él. Todo debe funcionar a su albedrío. En realidad, el gobierno percibe a la vaca mencionada por Churchill, pero la maltrata, la adelgaza y quiere quedarse con toda su leche, carne, cuero, hasta matarla. Nada importa más en el ideario marxista con fuerte arraigo popular que: “la hostilidad hacia la empresa privada”.

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