Cerco y represalia contra EXPRESO
Soy preciso para que la opinión pública nacional e internacional siga de cerca los hechos comprobados que expongo en esta columna. De buena fuente -y con conocimiento de causa- alerto a esta casa periodística respecto del plan que un grupo de fiscales está poniendo en marcha con el objetivo perverso de atacar a sus periodistas y tejer contra ellos una represalia dada su posición crítica frente a Palacio de Gobierno y el Ministerio Público (MP), hoy en manos de la Dra. Zoraida Ávalos.
Hay sectores totalitarios dentro del MP a los que no les gusta la fiscalización que realiza EXPRESO y no se sienten cómodos con ello personajes públicos como Pablo Sánchez, Rafael Vela, José Domingo Pérez, Marita Barreto y César Antonio Delgado Castro, quienes están muy molestos con EXPRESO. Este último fiscal, por ejemplo, hace poco envió a este diario el vergonzoso y abusivo Oficio N° 162-2019-2do.Despacho.MP:FN, donde no solo atenta contra la libertad de expresión sino también contra la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806), pese a que dicha norma es política de Estado.
Sin embargo todavía hay personas institucionalistas dentro del MP, como la Dra. María Isabel Sokolich Alva, fiscal suprema provisional en la Fiscalía Suprema de Control Interno, a quien le pido que intervenga a través de la ODCI correspondiente en este tema, sobre todo cuando poderosos intereses que se sienten tocados por la fiscalización de EXPRESO ya definieron que la punta de lanza para atacar a los redactores, colaboradores, editores y directivos de este medio escrito será la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, con sede en Jr. Santa Rosa 260 (ex Miró Quesada), Cercado de Lima.
Una simple pesquisa de los órganos de Control Interno del MP sobre el accionar y la censura del fiscal César Antonio Delgado Castro revelará sorpresas increíbles, pues es el personaje que tiene luz verde no solo para enviar oficios amenazadores al diario EXPRESO sino que ya está citando a periodistas para amedrentarlos e impedirles que sigan usando la Ley de Transparencia para hacer sus informes periodísticos. Sería largo enumerar otros hechos que ameritan investigación, sin embargo desde ya viola el Código de Ética del Ministerio Público, tanto en sus “Principios y valores” como el Art. 4 de las “Normas de Conducta” del mencionado código.
Pero el accionar del fiscal Delgado es parte de un plan mayor, con gente de más arriba, y los gremios como la Federación de Periodistas del Perú, el Colegio de Periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Periodistas y la Asociación de Locutores del Perú deben tomar nota pues dicho personaje está violando el Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Principios 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 11 de la Declaración sobre Libertad de Expresión de la Comisión IDH.
En conclusión, la Dra. María Isabel Sokolich Alva y las Oficinas Desconcentradas de Control Interno bajo su liderazgo todavía pueden salvar a una institución tan importante como es el MP para garantizar la legalidad en el Perú.
@RafaelRomeroVas
