Cerrar filas: amnistía y soberanía en la hora decisiva

Cuando el territorio y la memoria están en juego, no hay espacio para medias tintas. ¡Es momento de cerrar filas!
El izamiento de la bandera peruana en Santa Rosa, justo en el punto donde días antes ondeó la bandera colombiana colocada por Daniel Quintero, coincidió con la promulgación de la Ley de Amnistía para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Dos actos separados por cientos de kilómetros, pero unidos por una misma misión: reafirmar el compromiso del Perú con la defensa de su integridad territorial y su historia.
Frente a esta demostración de unidad, resulta paradójico que aún persistan voces que buscan desconcertar. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, junto con ciertos sectores opositores y organismos internacionales, ha cuestionado la ley, calificándola como un retroceso. Con ello, alimentan una polarización que debilita al país en una hora crucial.
La Ley de Amnistía, promulgada el 13 de agosto de 2025, beneficia a militares, policías y comités de autodefensa que enfrentaron al terrorismo entre 1980 y 2000. Para Fernando Rospigliosi y otros defensores, esta medida no solo es legal y constitucional, sino que representa un merecido homenaje a quienes arriesgaron sus vidas para derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA.
En una república, corresponde al Legislativo elaborar leyes, al Ejecutivo promulgarlas y al Judicial aplicarlas. Quien disienta, debe recurrir al Tribunal Constitucional, y no convertir el debate en un espectáculo mediático que erosiona la institucionalidad. Sin embargo, la oposición interna, liderada por Espinoza, ha trasladado el debate a escenarios internacionales, reproduciendo el patrón de confrontación ya visto con su antecesora Patricia Benavides.
Este enfrentamiento no solo debilita a las instituciones, sino que impide cerrar heridas con madurez democrática. La politización del Ministerio Público deteriora la credibilidad del sistema judicial y entorpece cualquier posibilidad de reconciliación nacional.
En paralelo, el frente externo exige atención inmediata. La provocación de Quintero, respaldada por el presidente colombiano Gustavo Petro, no fue un incidente menor: fue un acto de injerencia directa. La respuesta peruana fue firme y oportuna: retiro de la bandera, despliegue militar, condena diplomática y respaldo unánime del Congreso. Fue un raro momento de cohesión que debe marcar el camino.
Ambos frentes —interno y externo— deben integrarse en un relato sólido de liderazgo y orden. Aplicar la ley con criterios internacionales claros y firmeza en la defensa del territorio proyectaría al Perú como un Estado fuerte y predecible.
Separar estas batallas sería un error. Juntas, envían un mensaje claro: el Perú no claudica ante presiones externas ni divisiones internas.
Este es también un punto de inflexión político. El quiebre del gobierno con la izquierda más radical redefine su perfil y abre una posibilidad de transformación. No todos los presidentes que tocaron fondo terminaron derrotados. Alejandro Toledo, por ejemplo, cerró su mandato con niveles de aprobación inesperadamente altos tras decisiones firmes y una coyuntura favorable.
Hoy, más que nunca, la unidad no es negociable. La dignidad y el territorio no pueden ser rehenes de disputas ideológicas. La historia juzga a los pueblos no solo por las batallas que enfrentan, sino por cómo honran a quienes las ganaron y cómo protegen lo que les pertenece.
Es momento de cerrar filas.

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