Chile y las Armas
Finalmente fue derogada una ley promulgada en 1973 por la junta militar de Gobierno de Chile, presidida por el general Augusto Pinochet, que dispuso que el 10% del total de las exportaciones brutas de cobre fueran derivadas a las Fuerzas Armadas para la adquisición de material bélico.
Por este concepto solo en el quinquenio 2003-2008, ingresaron a las arcas chilenas 180 mil millones de dólares y, por ende, 18 mil millones de dólares se destinaron a compra de armas de última generación y tecnología de punta, sin conocimiento o fiscalización del Congreso de la República.
Esa disposición impulsada por Pinochet tuvo como antecedente una norma dada en 1958 durante el gobierno del presidente Carlos Ibañez del Campo, que gravó con un Impuesto de 15% las utilidades de la minería de cobre, para usar lo que se recaude con el mismo propósito.
La referida política armamentista se sustentaba, asimismo, en el temor chileno de que en algún momento Perú y Bolivia intentaran recuperar los 200 mil kilómetros de territorio que arrebataron en la guerra del Pacífico.
Además, existía una percepción militarista sobre el tema. El almirante Rodolfo Codina, comandante general de la Marina durante las presidencias de Ricardo Lagos y Michel Bachelet, sustentó esa ideología al sostener, en referencia a la ley reservada del cobre, que “este sistema ha tenido el mérito de disponer la inversión de defensa como tema de Estado, alejado de decisiones politiqueras o populistas, como utilizar estos fondos en objetivos sociales de corto plazo”.
Los excesivos montos que disponía el Fondo de Defensa y el secretismo castrense para administración a su libre criterio esos recursos ha terminado. Ahora será por ley presupuestal que se asignen los dineros para compras militares, gastos que serán debidamente supervisados por el Parlamento y la Contraloria de la República.
Una victoria democrática sin duda, no sólo del presidente Piñera, sino de políticos chíllenos que dieron una larga y corajuda batalla con ese objetivo.
