CIADI dispone que Perú pague millonaria indemnización a Enagás, empresa socia de Odebrecht
El pasado viernes 20, la empresa española Enagás, socia de Odebrecht en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP), obtuvo laudo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ordenando al Perú pagarle US$ 194 millones, basándose en su incumplimiento del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito en 1994 entre Perú y España, porque Kuczynski, en enero de 2017, rescindió el contrato del GSP, con avance de 37 %, por incumplimiento del cierre financiero de Odebrecht.
Lo increíble es que la empresa Enagás, que cubría 25 % del proyecto, reclamó US$ 400 millones (CIADI reconoció US$ 194 millones), pero los reclamos restantes por US$ 1,200 millones corresponden 55 % a Odebrecht (también ha recurrido al CIADI), y 20 % a Graña y Montero. Desde esta paralización el gobierno está pagando a la empresa colombiana Estudios Técnicos US$ 46.8 millones anuales por cuidar ductos, equipos y materiales que abandonó Odebrecht en Acchahuata, Cusco, y, hasta enero de 2025, ya le estaría pagando unos US$ 370 millones, casi el doble de lo que debemos pagarle a Enagás.
Desde que comenzó este proyecto GSP, en 2008, estuvo plagado de corrupción. El primer contrato de concesión, por US$ 1,330 millones, fue suscrito durante el gobierno de García con la firma Kuntur (constituida un año antes). El contrato concluyó y Odebrecht compró sus acciones. En 2014, el gobierno de Humala adjudicó la concesión al consorcio Odebrecht, Enagás y Graña y Montero, por US$ 7,328 millones. Después, la Contraloría advirtió que su costo era menor a US$ 3,800 millones. Además, la Fiscalía Anticorrupción descubrió que en dicha concesión se favoreció a Odebrecht. En enero de 2017, el gobierno de Kuczynski rescindió el contrato, y en 2019 la empresa reconoció haber recibido sobornos para obtener la obra.
Este proyecto GSP, paralizado 8 años, se encuentra en cartera en Proinversión por una inversión de US$ 4,320 millones, pero sin postores ni alternativa técnica de solución. Las pérdidas son cuantiosas y, si no se toman medidas urgentes, llegarían a niveles inimaginables. A enero de 2025, este proyecto GSP nos estaría costando alrededor de US$ 560 millones, más el precio de los ductos, lo que pueda resolver el CIADI sobre el reclamo de Odebrecht por US$ 1,200 millones, y los US$ 46.8 millones anuales por el cuidado de ductos. Todas estas enormes pérdidas serán pagadas por todos los peruanos.
Bajo este panorama, el mayor aliciente que tenemos ahora es conocer la verdad sobre todos los actos corruptos y entreguistas, debido a que el Tribunal Constitucional ordenó que el acuerdo de colaboración con Odebrecht sea público como principio fundamental del Estado de derecho, tras declarar fundada la demanda de habeas data interpuesta por el ciudadano Phillip Butters.
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